Hay negocios que ganan más dinero cuanto más tiempo pasan los adolescentes pegados a una pantalla. El Gobierno quiere ponerle por fin un nombre penal a esa maquinaria. Pedro Sánchez anunció el 2 de julio en X que el Ejecutivo pretende incluir en la futura Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales tres medidas de calado: prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, tipificar la manipulación algorítmica y responsabilizar a los directivos de las plataformas si no retiran contenidos ilícitos.
Tipificar la manipulación algorítmica es, quizá, la parte más novedosa. Significa reconocer por escrito lo que cualquier madre o padre intuye: que detrás del scroll infinito no hay azar, sino un diseño pensado para retener la atención y hacer que el usuario vuelva una y otra vez.
Del discurso a la letra pequeña
La idea suena contundente. El problema es que, de momento, es sobre todo idea. Según informó Demócrata, las enmiendas transaccionales que deben dar forma legal a ese anuncio se compartieron con el resto de grupos parlamentarios la noche del miércoles, y el proyecto continúa en fase de ponencia, sin calendario concreto. Ni la ley está aprobada, ni hay fecha para que lo esté. Conviene decirlo claro antes de que alguien lo celebre como si ya fuera Boletín Oficial.
La primera de esas medidas, el veto a las redes para los menores de 16 años, es también la más llamativa. Hoy no existe en España una prohibición general de ese tipo, y llevarla a la ley obligaría a las plataformas a verificar de verdad la edad de quienes se registran, algo que durante años han dicho hacer con más voluntad que resultados.
Qué se quiere meter en el Código Penal
Una de las transaccionales plantea reformar el Código Penal para crear nuevas figuras y agravantes vinculadas al uso de tecnologías y a la responsabilidad de las plataformas. No es un matiz técnico: supone trasladar al terreno penal conductas que hasta ahora se movían en el cómodo limbo de los términos y condiciones.
El borrador contempla penas de uno a cuatro años por difundir material que promueva el suicidio y de seis meses a tres años en el caso de las autolesiones. Se prevén además la retirada, la interrupción o el bloqueo de contenidos ilícitos y, en ciertos casos, la responsabilidad de los prestadores que empleen sistemas automáticos para ampliar el alcance de esos contenidos.
Ese último punto es el que aprieta donde de verdad duele. Durante años, las grandes plataformas se han escudado en que ellas solo ponen el altavoz. La transaccional apunta justo al altavoz: si un sistema automático amplifica material que empuja a un chaval al abismo, la empresa que lo explota podría tener que responder por ello. El negocio del enganche dejaría de salir gratis.
Intimidad, suplantación y una vieja impunidad
La reforma no se detiene en los algoritmos. Incluiría castigo para la difusión no autorizada de material íntimo y para la suplantación de identidad, con penas de tres meses a un año y agravantes cuando la difusión se produce en internet. Dicho de otro modo: lo que para una víctima adolescente puede convertirse en una condena social de por vida empezaría a tener también consecuencias penales claras para quien lo hace.
El detalle incómodo: depende de PP y Junts
Y aquí llega el pero, que no es pequeño. Según Demócrata, que la reforma acabe incorporándose depende de la posición del PP y de Junts, y podría abordarse después de uno de los plenos extraordinarios previstos para julio. Ninguno de los dos grupos ha comprometido públicamente su voto, ni a favor ni en contra, de modo que aún no hay nada cerrado. En la aritmética del Congreso, un texto sin apoyos confirmados es todavía solo un buen titular.
El Gobierno ha fijado el marco, y es un marco potente: proteger a los menores frente a un modelo de negocio diseñado para engancharlos y monetizar su atención. Pero un anuncio en X no es un artículo del Código Penal, y una transaccional compartida de madrugada no es una ley en vigor. Falta lo más difícil, que además es lo de siempre: convertir la buena intención en votos y el borrador en norma. Hasta entonces, la protección de los menores seguirá dependiendo, sobre todo, de la voluntad de quienes tengan que sentarse a negociarla.