HODIO nació con una promesa grande: medir el alcance de los discursos de odio en redes sociales. El problema, ahora, es mucho más terrenal. The Objective publica que el Gobierno no ha aclarado el coste de la herramienta cuatro meses después de su inicio. Y ahí empieza la parte que debería preocupar incluso a quien ve razonable combatir el odio digital: si una administración pone en marcha un sistema para observar lo que pasa en Instagram, TikTok o X, el precio, el contrato y los límites no pueden vivir en una habitación sin ventanas.
El debate no va de negar que exista odio en redes. Existe, intoxica conversaciones, machaca a colectivos vulnerables y convierte cualquier discusión pública en una pelea de bar con megáfono. La cuestión es otra: quién mide, con qué criterios, cuánto cuesta y qué se hace después con esos datos. Europa Press explicó en marzo que HODIO se presentaba como una herramienta del Gobierno para medir el alcance de esos discursos. 20minutos también recogió entonces que el sistema se dirigiría a plataformas como Instagram, TikTok o X. Esa base es suficiente para tomarse el asunto en serio.
La lectura liberal-conservadora es bastante clara: el Estado puede perseguir delitos y puede estudiar fenómenos sociales, pero no debería pedir un cheque de confianza en blanco cuando entra en el terreno sensible de la conversación política. Menos todavía si se habla de redes, donde una frontera mal dibujada puede confundir odio, insulto, sátira, opinión dura y discrepancia ideológica. El odio real no se combate mejor con opacidad. Se combate con reglas claras, garantías y control público.
Si el gasto no está explicado, la sospecha crece sola. No hace falta imaginar conspiraciones para exigir datos básicos. ¿Cuánto ha costado? ¿Quién lo ha desarrollado? ¿Qué administración lo paga? ¿Qué indicadores usa? ¿Qué informes produce? ¿Quién accede a ellos? Son preguntas normales en cualquier democracia adulta. Y si la respuesta política es “confíen en nosotros”, entonces el problema ya no es solo HODIO: es la costumbre de tratar la transparencia como una cortesía, no como una obligación.
También conviene separar dos planos. Uno es la protección de víctimas de ataques coordinados, amenazas o campañas racistas, machistas y homófobas. Ahí el Estado tiene trabajo. Otro es la tentación de convertir un concepto moralmente cargado —“odio”— en una etiqueta elástica para vigilar el clima de opinión. Esa elasticidad es peligrosa gobierne quien gobierne. Hoy puede tranquilizar a unos porque manda su equipo. Mañana puede inquietarles cuando mande el contrario.
HODIO necesita luz precisamente para no convertirse en munición partidista. Si la herramienta es técnica, que se publiquen sus reglas. Si es estadística, que se expliquen sus datos. Si cuesta dinero público, que se detalle el coste. Y si no toma decisiones contra usuarios concretos, que eso quede escrito de forma verificable. La confianza no se pide: se construye enseñando papeles.
La peor defensa de una política pública sensible es esconder sus números. Porque al final el ciudadano acaba viendo una escena demasiado conocida: el Gobierno pide fe, la oposición grita censura y nadie sabe exactamente cuánto se paga ni qué se mide. En un país sano, combatir el odio no debería servir para rebajar el estándar de transparencia. Debería obligar a subirlo.