Dos mujeres asesinadas en menos de 24 horas han vuelto a colocar una cifra insoportable sobre la mesa: 35 víctimas mortales por violencia machista en 2026. El Ministerio de Igualdad ha condenado los feminicidios registrados en Asturias y Murcia, y Europa Press recoge que el total anual asciende ya a 35 mujeres asesinadas.

El dato es frío porque tiene que ser exacto. Pero la realidad que hay debajo no tiene nada de fría: familias rotas, hijos e hijas que quedan marcados, barrios que hacen como que no vieron señales y administraciones que demasiadas veces reaccionan cuando ya solo queda el minuto de silencio.

La cifra importa porque niega el maquillaje

Contar víctimas no resuelve el problema. Pero dejar de contarlas lo empeora todo. Igualdad confirma los casos, los medios los contrastan y el país debería ser capaz de discutir recursos, prevención y atención sin convertir cada asesinato en otra batalla de etiquetas. La violencia machista no desaparece porque a una parte de la política le moleste el nombre.

Cadena SER informó de que el crimen confirmado en Murcia es el primero en la Región en 2026, mientras el Ministerio elevó el balance estatal tras los casos de Asturias y Murcia. Esa precisión importa: no hablamos de una sensación, ni de un clima, ni de una consigna. Hablamos de víctimas concretas dentro de una estadística oficial.

La izquierda no debería cansarse de decir lo obvio

La lectura progresista aquí es clara: cuando una violencia se repite con un patrón, el Estado tiene que nombrarla, medirla y combatirla con herramientas específicas. Eso incluye prevención, protección, juzgados con medios, educación afectivo-sexual seria y servicios accesibles. No basta con colgar un cartel violeta una vez al año si luego los recursos llegan tarde o son un laberinto.

También hay que evitar la trampa contraria: convertir cada caso en munición partidista inmediata. Señalar el negacionismo es necesario; usar a las víctimas como porra de tuit, no. La línea es fina, pero existe. La política decente debería caminarla con respeto y sin rebajar la urgencia.

El 016 no puede ser el final de la política pública

Recordar que el 016 atiende a víctimas de violencia de género es imprescindible. Pero si la respuesta pública acaba en repetir un teléfono, algo falla. Una mujer en riesgo necesita que la crean, que pueda pedir ayuda sin perderlo todo, que las instituciones hablen entre ellas y que las medidas de protección funcionen cuando todavía hay tiempo.

Por eso esta cifra debería pesar más que cualquier tertulia. Treinta y cinco mujeres asesinadas no son un argumento para ganar una bronca: son una acusación contra la comodidad de un país que se acostumbra demasiado rápido al horror estadístico.