Los incendios han vuelto a abrir una pelea política de manual: el Gobierno habla de emergencia climática, refugios y pacto de Estado; la derecha responde que el clima no puede ser una coartada para tapar mala gestión, falta de prevención y burocracia. En plena ola de calor y con fuegos activos, el debate ya no va solo de llamas. Va de quién manda, quién paga y quién hizo los deberes antes de que el monte empezara a arder.
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno de usar el cambio climático “como mantra” para no hablar de responsabilidades en catástrofes. Según la información de Europa Press recogida por Infobae, Muñoz reprocha al Ejecutivo no haber modernizado suficientemente medios como los hidroaviones y dedicar, según su crítica, solo el 1% de los fondos Next Generation a prevención y extinción de incendios.
La tesis del PP es clara: el cambio climático existe en el debate, pero no puede sustituir a la gestión. Muñoz pide esperar al final de los incendios para evaluar lecciones aprendidas, estudiar si hay que ampliar capacidades de la UME y ordenar la financiación de la prevención. También propone más gestión del monte, planes locales y anillos perimetrales de protección. Es decir: menos rueda de prensa y más presupuesto pegado al terreno.
Vox ha ido bastante más lejos. José María Figaredo, secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, ha acusado al Ejecutivo de “adorar al dios del cambio climático” y ha defendido políticas de desregulación en protección antiincendios. Según Europa Press, Figaredo sostiene que ciertas normas y duplicidades frenan tareas como limpieza de montes y ríos, y que hay que “darle la vuelta a la tortilla” para priorizar servicios públicos “para los de aquí”.
El marco de Vox mezcla una crítica atendible —la administración puede ser lenta, cara y enredada— con una receta peligrosa si se vende como solución mágica. Desregular no apaga incendios por sí solo. Tampoco basta con invocar el clima para explicar cada desastre. La pregunta seria está en medio: qué normas sobran, cuáles protegen, cuánto dinero hay para prevención y quién asume la responsabilidad cuando comunidades, ayuntamientos y Estado se pasan la pelota.
Mientras tanto, Sánchez ha presentado la Red Nacional de Refugios Climáticos y anunciado ayudas de 10 millones de euros para financiar nuevos espacios, incluidos centros educativos, además de ayudas adicionales de 9 millones para infraestructuras verdes, según Europa Press. El presidente defendió que no basta con atender consecuencias y que hay que anticiparse a los efectos de la crisis climática, especialmente sobre la población más vulnerable.
El problema político para Moncloa es que esa agenda social y climática llega en mitad del humo. Los refugios climáticos pueden ser útiles para mayores, niños o familias sin aire acondicionado. Pero cuando hay evacuaciones, hectáreas quemadas y servicios al límite, una parte del país quiere escuchar algo más directo: quién limpió el monte, quién no lo limpió, cuántos medios hay, qué coordinación falló y cuánto cuesta arreglarlo antes del próximo verano.
La derecha tiene ahí un flanco potente. Si reduce todo a “ideología climática”, se equivoca: el calor extremo y la sequía son factores reales que agravan riesgos. Pero si el Gobierno reduce las críticas a negacionismo, también se equivoca. Porque la política forestal no se mide solo en discursos verdes. Se mide en pistas, cuadrillas, prevención, permisos, hidroaviones, financiación y capacidad de reacción cuando el viento cambia.
La lectura conservadora es incómoda para el Ejecutivo: hablar de cambio climático no exonera de gestionar. Y la gestión se revisa con datos, no con consignas. Cuando acaben los incendios habrá que mirar informes, competencias y presupuestos. Hasta entonces, conviene no convertir la tragedia en tribunal instantáneo. Pero tampoco en excusa perfecta. El fuego no entiende de argumentarios; el monte, desgraciadamente, tampoco espera a septiembre.