Incendios: el monte arde en verano, pero la política lleva años llegando tarde

Los incendios han dejado de ser solo una emergencia de verano para convertirse en la pregunta política del año: quién previene, quién paga y quién asume que el monte no se arregla con una visita al puesto de mando cuando ya está ardiendo. Pedro Sánchez anunció desde Navaluenga que el Consejo de Ministros aprobará la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil para los territorios golpeados por los fuegos. El dato que dio Moncloa es brutal: más de 150.000 hectáreas calcinadas y 32 grandes incendios en lo que va de año.

En paralelo, el PP decidió llevar al Congreso su Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención de Incendios, presentado por Feijóo el año pasado y articulado, según el partido, en 50 propuestas. Miguel Tellado defendió un Sistema Nacional de Respuesta Inmediata “desde el primer día”, más medios, flota aérea suficiente, sistemas comunes de comunicación y un mapa de recursos disponibles. También reclamó prevención anual, limpieza, desbroce, apoyo a agricultores y ganaderos y más financiación para comunidades y ayuntamientos.

Hasta aquí, casi todo suena razonable. El problema empieza cuando la política convierte el fuego en una excusa para repartir culpas como si fueran octavillas. El Gobierno habla de pacto de Estado frente a la emergencia climática. El PP responde que no se combate el fuego con “ecologismo de salón”. Y mientras tanto, la gente que ha visto arder su paisaje, su casa o su negocio no necesita una guerra cultural: necesita prevención, indemnizaciones, coordinación y verdad.

Desde una lectura progresista, hay una evidencia que no conviene diluir: la crisis climática agrava los incendios, alarga las campañas y vuelve más peligrosas las olas de calor, la sequedad y el abandono rural. Negarlo es cómodo para algunos discursos, pero inútil para quien vive junto al monte. Ahora bien, decir “cambio climático” tampoco apaga nada por sí solo. Si la prevención no llega al presupuesto, a los retenes, a los caminos, a la gestión forestal y a los pueblos que se vacían, se queda en pancarta.

El PP acierta cuando recuerda que los incendios se trabajan en invierno y que el sector primario forma parte de la respuesta. También es justo exigir que el Estado no descargue todo el coste en comunidades y ayuntamientos. Pero la derecha se equivoca si usa esa verdad para borrar la dimensión climática o para presentar cualquier política ambiental como una frivolidad urbana. La gestión forestal seria no compite con la ciencia climática: la necesita.

El Gobierno, por su parte, debe demostrar que su pacto de Estado no es otro envoltorio de temporada. Declarar zonas gravemente afectadas abre la puerta a ayudas, pero la reconstrucción no puede limitarse a reparar lo quemado. Tiene que responder a una pregunta incómoda: qué se hizo antes, qué no se hizo y qué cambiará antes del próximo verano. Porque si cada campaña empieza con “quedan horas complejas” y termina con promesas de pacto, el país está aceptando como normal lo que debería escandalizar.

La política española tiene una oportunidad rara: pelear menos por quién sale en la foto y más por quién mantiene vivo el territorio cuando no hay cámaras. Si el Congreso convierte el plan del PP y la propuesta de pacto climático del Gobierno en una subasta de reproches, los únicos que ganarán serán las llamas. Y el monte, como siempre, no vota; arde.