Junts le cobra a Sánchez hasta la senda de déficit: los Presupuestos arrancan cuesta arriba

El Gobierno ha vuelto a entrar en ese pasillo estrecho donde cada Presupuesto se negocia con calculadora, calendario y nervios. La señal de las últimas horas no es menor: según La Vanguardia, Junts se opone a la senda de déficit del Ejecutivo y complica la tramitación de los Presupuestos. Dicho sin incienso parlamentario: antes de discutir el gran menú, al Gobierno ya se le atasca la llave de entrada.

La senda fiscal no es una palabra bonita para tertulias. Es el marco que ordena cuánto margen tienen las administraciones para gastar y cuadrar cuentas. En paralelo, el radar de Hacienda recogía la discusión sobre los recursos del sistema de financiación para las comunidades autónomas y el objetivo de déficit. Varios medios han situado sobre la mesa una referencia del 0,1% para las comunidades. Es un número pequeño, pero políticamente pesa como una nevera: todas las autonomías miran la cifra y todos los partidos calculan quién paga el coste.

Cuando el socio pequeño tiene la puerta

Desde una lectura liberal-conservadora, la imagen es bastante incómoda para Sánchez. El Gobierno presume de agenda social, estabilidad y resistencia, pero vuelve a depender de un socio que negocia al milímetro y que no tiene ningún incentivo para regalarle oxígeno. Junts no necesita tumbar todo para enseñar poder. Le basta con bloquear una pieza técnica y recordar que la legislatura sigue colgada de una cuerda catalana.

Eso no significa que los Presupuestos estén muertos. Sería ir más allá de lo que sabemos. Lo que sí está claro es que la tramitación se encarece. Cada voto se convierte en factura, cada abstención en precio y cada comunicado en aviso. El Gobierno puede venderlo como negociación normal; la oposición lo venderá como dependencia crónica. Y las dos cosas pueden convivir: negociar es normal, vivir permanentemente al borde del bloqueo no lo es tanto.

Las comunidades también aprietan

La pelea territorial no llega sola. Las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el PP, llevan semanas enseñando su propia factura: financiación, regla de gasto, dependencia, vivienda, servicios públicos. El Ejecutivo intenta ordenar el tablero desde Hacienda, pero la política autonómica ya no es una planta baja de la política nacional. Es una segunda cámara de oposición, con presupuestos propios y titulares propios.

La consecuencia práctica para el ciudadano es menos épica y más sencilla: si no hay acuerdo presupuestario, las promesas se vuelven más lentas, los anuncios dependen de remiendos y el dinero llega con más incertidumbre. Y si hay acuerdo, probablemente llegará con peajes que el Gobierno no querrá enseñar demasiado.

La legislatura de la calculadora

Sánchez ha sobrevivido muchas veces porque sabe contar mejor que sus rivales. Pero contar no es gobernar gratis. La senda de déficit enseña otra vez el precio de una mayoría fragmentada: el Ejecutivo puede avanzar, sí, pero cada paso exige pedir permiso a socios que no comparten proyecto, prioridad ni calendario.

La derecha tiene aquí un argumento potente: España no puede vivir con sus cuentas públicas pendientes de cada pulso de Junts. El Gobierno responderá que esa es la aritmética que salió de las urnas. La pregunta, de fondo, es cuánto aguanta una legislatura cuando hasta los trámites previos al Presupuesto parecen una moción de confianza encubierta.