Hay una forma muy española de vaciar un derecho: proclamarlo por la mañana desde un atril y dejarlo sin presupuesto por la tarde. Puedes tener la Constitución más generosa del planeta y a un ministro sonriente hablando de la "Justicia del siglo XXI", que si el juzgado de tu ciudad no tiene manos para tramitar tu asunto, tu derecho no vale el papel en el que está escrito. Un Estado que presume de derechos y deja sin gasolina a los juzgados no es un Estado garantista: es un Estado que hace trampas.
Esta semana lo hemos visto sin maquillaje. El Consejo General del Poder Judicial ha pedido al Ministerio de Justicia que reconsidere la denegación de la financiación prevista para reforzar 62 órganos judiciales, según informó EFE. Léalo despacio: es el propio órgano de gobierno de los jueces el que tiene que salir a pedir, casi por favor, que no le quiten lo imprescindible para funcionar.
Los derechos no caben en un eslogan
La tesis es tan sencilla que incomoda: la Justicia no se moderniza con eslóganes, se moderniza con recursos, con límites al poder y con respeto institucional. Se la puede envolver en el color que se quiera y llenarla de planes con nombre grandilocuente, pero un juzgado saturado sigue siendo un juzgado saturado. Y detrás de cada expediente que se apila no hay una estadística: hay un desahucio que no se resuelve, una pensión de alimentos que no llega, una empresa que no cobra, una víctima que espera años una sentencia.
Eso es la seguridad jurídica, esa palabra aburrida que ningún mitin aplaude y de la que depende, sin embargo, que un país sea habitable. Nadie invierte, nadie firma, nadie confía donde los tribunales tardan una eternidad. Cuando el Estado escatima a la Justicia lo que gasta a manos llenas en propaganda, no está ahorrando: está encareciendo el futuro de todos.
Cuando el que gobierna a los jueces tiene que pedir por favor
Que el CGPJ pida reconsiderar la denegación de financiación no es un tecnicismo administrativo: es una señal de alarma institucional. Reforzar 62 órganos judiciales no es un capricho corporativo ni un lujo asiático; es, literalmente, poner gente a trabajar donde el atasco es mayor. Negar esos recursos y a la vez presumir de garantías es la contradicción hecha política pública.
Y aquí conviene ser justos con las palabras. El CGPJ no acusa a nadie de nada: pide, razona, insiste. Somos nosotros, los que miramos desde fuera, quienes tenemos derecho a preguntar por qué un Gobierno que nunca se queda corto de dinero para lo suyo encuentra de repente la austeridad justo donde se dirimen los derechos de los ciudadanos.
El PP lleva a Bolaños al banquillo político
La oposición no ha tardado en recoger el guante. El Partido Popular ha exigido la comparecencia urgente del ministro Félix Bolaños por lo que describe como "nuevos recortes en Justicia que están colapsando los tribunales". Es la tesis del PP, no una sentencia, y como tal hay que leerla; pero coincide de forma incómoda con lo que el propio Consejo del Poder Judicial ha puesto sobre la mesa.
Cuando el partido de la oposición y el órgano de gobierno de los jueces coinciden en el diagnóstico —faltan recursos, sobra relato—, lo raro es que el ministerio siga mirando para otro lado. Comparecer y explicarse no es una humillación: es lo mínimo que se le pide a quien administra un poder del Estado.
El peor momento para maltratar a la Justicia
Todo esto ocurre, además, en un clima de tensión institucional que nadie en su sano juicio puede ignorar. Con casos que ocupan portadas y tensionan el clima político —el llamado caso Leire es el último ejemplo del ruido que rodea a la política española—, la independencia y la solvencia de los tribunales importan más que nunca. No entro en culpables ni en delitos: eso lo dirán los jueces, si tienen medios para hacerlo.
Y ahí está el fondo del asunto. Uno puede temer, y yo lo temo, que a determinados poderes no les venga del todo mal una Justicia lenta, con menos manos y más dependiente. No lo afirmo como hecho —sería injusto y además no lo puedo probar—, pero es un temor legítimo cuando se recorta precisamente lo que garantiza que el poder tenga límites. Una Justicia sin gasolina no molesta a nadie; sencillamente, no llega a tiempo.
Menos atril y más presupuesto
La modernización de la Justicia no se decreta en una rueda de prensa. Se hace pagando funcionarios, jueces y medios; respetando la independencia de quien juzga; y entendiendo que los tribunales no son un gasto, sino el cimiento sobre el que se sostiene todo lo demás. Un Gobierno serio reconsideraría la financiación de esos 62 órganos judiciales antes de que se lo tengan que recordar el Consejo del Poder Judicial, la oposición y la realidad a la vez.
Porque al final la pregunta es muy simple y no admite eslogan que la tape: ¿de qué sirve un país lleno de derechos proclamados si luego deja tirados en la cuneta a los juzgados que deberían hacerlos valer?