Kitchen ya no es una palabra de hemeroteca. El juicio ha quedado visto para sentencia y vuelve a poner sobre la mesa una imagen que España nunca terminó de digerir: policías, confidentes, grabaciones, mensajes y una operación supuestamente montada para arrebatar a Luis Bárcenas material sensible para el PP. No estamos ante una discusión estética sobre “las cloacas”. Estamos ante un tribunal que tendrá que decidir si aquello fue una maniobra ilegal desde estructuras del Estado o si, como sostienen las defensas, se ha exagerado una actuación policial.
EL PAÍS resume la fase final con tres piezas que pesan: audios, mensajes y una confesión. El mismo diario informó de que el juicio quedó visto para sentencia después de más de tres meses de sesiones. infoLibre, por su parte, ha subrayado que los acusados mantuvieron hasta el final un relato defensivo que choca con parte de las pruebas recopiladas. Dicho con cuidado, porque aquí todavía manda la presunción de inocencia: el tribunal no tiene que resolver un eslogan, sino hechos, responsabilidades y pruebas concretas.
La lectura progresista es bastante directa. Si se acredita que desde el aparato policial se trabajó para proteger a un partido de la información que podía comprometerle, el problema no sería solo el PP de una época. Sería el Estado usado como cortafuegos privado. Y cuando el Estado se convierte en servicio de limpieza de un partido, la democracia deja de ser una competición limpia y pasa a parecerse demasiado a una cocina cerrada donde algunos entran con llave y otros esperan fuera.
También hay una lección incómoda para quienes prefieren despachar estos casos como “cosas del pasado”. La corrupción política no siempre aparece con un sobre encima de la mesa. A veces aparece como una cadena de favores, llamadas, encargos opacos y funcionarios puestos al servicio de una necesidad partidista. Por eso Kitchen importa aunque hayan pasado años: porque mide si las instituciones tienen memoria o si basta con aguantar el ruido hasta que la ciudadanía se canse.
El PP actual intentará separar su presente de aquella etapa. Es legítimo que lo haga, pero no puede pedir al país que confunda distancia temporal con cierre político. Una sentencia, cuando llegue, hablará de acusados concretos; la responsabilidad democrática va más allá. Exige explicar qué controles fallaron, quién miró hacia otro lado y qué garantías existen para que un Gobierno no vuelva a usar resortes públicos contra un adversario interno o para tapar vergüenzas propias.
La izquierda tampoco debería caer en la tentación de convertir la causa en una sentencia anticipada. Si se quiere defender el Estado de derecho, hay que defenderlo entero: con garantías para los acusados, con pruebas, con jueces y sin linchamientos. Precisamente por eso el caso es tan potente. Porque permite decir algo muy sencillo sin inventar nada: cuando una democracia tiene que juzgar si su policía fue usada para proteger a un partido, la salud institucional no está para sacar pecho.
Ahora la pelota está en el tribunal. Y el país esperará algo más que una resolución penal. Esperará una respuesta moral: si las cloacas fueron una metáfora cómoda para tertulias o si fueron una forma concreta de poder. Kitchen, visto para sentencia, vuelve a recordarnos que la limpieza democrática no se presume. Se demuestra.