El caso Kitchen ha quedado visto para sentencia después de casi cuarenta jornadas en la Audiencia Nacional. Cuatro meses de juicio para una de esas causas que explican por qué la palabra “cloacas” se quedó pegada a la política española: la supuesta operación parapolicial para espiar a Luis Bárcenas y sustraerle documentación comprometida para el PP y sus dirigentes.
La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, dio por concluida la vista con la fórmula seca de siempre: “Queda visto para dictar sentencia”. Detrás de esa frase hay un banquillo pesado. El juicio ha sentado a la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, entre ellos el exministro Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino.
Conviene escribirlo con precisión, porque aquí la brocha gorda es peligrosa: los acusados no están condenados. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para Fernández Díaz, Martínez y Pino, y la petición más alta, 19 años, recae sobre el comisario José Manuel Villarejo. Pero será el tribunal quien decida si hubo delito, quién participó y con qué responsabilidad. Hasta entonces, presunción de inocencia y hechos probados solo cuando haya sentencia.
El núcleo de la acusación es explosivo: determinar si se usaron recursos policiales y fondos reservados para vigilar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y acceder a material que pudiera salpicar al partido en plena investigación de la Gürtel y de la caja B. Dicho sin tecnicismos: si un Ministerio del Interior pudo funcionar como escudo privado de un partido. Esa es la pregunta institucional, mucho más grande que cualquier ajuste de cuentas partidista.
Durante el cierre, tres de los ocho acusados ejercieron su derecho a la última palabra. Villarejo defendió su actuación, dijo confiar en la independencia judicial y volvió a cuestionar el origen del procedimiento. Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas, pidió “clemencia y justicia” y sostuvo que creyó actuar dentro de un operativo lícito. Otros acusados, incluido el exministro, no usaron ese último turno.
La defensa ha insistido en que la operación fue legal y que el objetivo era localizar dinero oculto del extesorero y posibles testaferros, no robar papeles comprometedores al PP. La acusación, por el contrario, dibuja una operación opaca, con confidentes, pagos con fondos reservados y una frontera muy turbia entre seguridad del Estado y protección de partido. Ahí se juega el caso.
La lectura desde la izquierda es casi inevitable: si se prueba que Interior fue usado para tapar las vergüenzas de un partido, no estaríamos ante una travesura de policías sueltos, sino ante una degradación democrática de primer orden. El Estado no puede convertirse en una agencia de seguridad privada para quienes lo gobiernan. Y menos aún con dinero público reservado precisamente para proteger al país, no para proteger siglas.
La derecha tiene derecho a exigir que no se dicte sentencia en titulares. También tiene una oportunidad: separar la defensa del Estado de derecho de la defensa automática de cualquier herencia incómoda del viejo poder. Porque si Kitchen fue ilegal, negarlo por reflejo partidista sería regalar a la ciudadanía otra razón para pensar que en España la corrupción siempre encuentra una trinchera antes que una explicación.
Ahora empieza el silencio judicial más importante: la deliberación. La sentencia dirá si aquello fue una operación policial legítima, como sostienen las defensas, o una maniobra parapolicial para borrar huellas políticas. Hasta entonces, lo mínimo es no inventar culpables. Lo máximo, no olvidar la pregunta: quién controla al poder cuando el poder controla la policía.