Hay un momento en toda trama en el que deja de bastar el peón y empieza a oler a caja. Ese momento, para el PSOE, tiene hora: este miércoles, en la Audiencia Nacional.

El juez Santiago Pedraz ha citado a declarar como investigados a Ana María Fuentes, gerente federal del partido, y a Ismael Oliver, exabogado del exasesor ministerial Koldo García. El marco es el caso Leire Díez: la presunta operación —según la instrucción y la UCO— liderada por el exdirigente Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante para intentar desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE. Pedraz concentra ya toda la causa tras recibir la parte que instruía Arturo Zamarriego.

No es una citación cosmética. En un auto, el magistrado apuntó a la responsabilidad indiciaria de la gerente al menos como supuesta cómplice y, en todo caso, como presunta autora de falsedad en documento mercantil por la emisión de “facturas mendaces”. La UCO, en el informe del 8 de julio que el juez tiene sobre la mesa, va más lejos en el relato organizativo: Cerdán “habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido” —costes, personal administrativo, sedes, logística de viajes y vehículos—.

En la ejecución de ese plan, los agentes sitúan a Fuentes. Habría sido, con intermediación de Díez y bajo directrices de Cerdán, quien falseó dos notas de encargo profesional: una con el despacho ligado a Oliver y otra con Jacobo Teijelo, letrado de Cerdán también imputado. La tesis policial es indiciaria pero contundente: las notas habrían sido “meramente instrumentales” para simular relación profesional y canalizar pagos del partido a ambos abogados. Por eso se incautó el móvil de la gerente, como el de otros investigados, entre ellos Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez en el PSOE y exdirector de Correos.

Los números que maneja la UCO no son de cafetería. Leire Díez habría cobrado del PSOE al menos 43.225 euros a través de intermediarios (Zaño Sociedad Consultora, ligada a Gaspar Zarrías, y Oliver Gruppe S.L., vinculada a Oliver). A Teijelo le atribuyen pagos del partido por 125.000 euros; a Oliver, 22.500 con destino a Díez. El juez ordenó información bancaria sobre 81 cuentas en una docena de entidades; seis son del PSOE, que pidió blindar la confidencialidad —el instructor las metió en pieza secreta—.

Desde la derecha, la lectura no necesita inventar condenas: basta con leer el mapa. Si la gerencia federal aparece como pieza de facturación y la estructura del partido como soporte logístico, el cuento de la “fontanera freestyle” se cae solo. Un partido grande puede tener corruptos. Lo que no puede es pretender que su caja es un accidente cuando la policía judicial describe unidad de acción y notas de encargo de cartón piedra.

Oliver niega, a través de su entorno, las conclusiones policiales y las tacha de “falsas”; hoy puede explicarse ante el juez. Fuentes tendrá que deshacer el nudo de las notas de encargo y de los pagos. Las acusaciones populares leen esta declaración como posible anticipo de una eventual imputación del propio partido. Eso aún no ha ocurrido: es hipótesis procesal, no hecho. Pero el listón ya no está en “quién filtró un audio”, sino en si Ferraz usó su contabilidad como herramienta de defensa política por la puerta de atrás.

La UCO sostiene, además, que el grupo buscaba proteger intereses en causas con afectación al PSOE y, “directa o indirectamente”, a miembros del Gobierno o a su presidente. En conversaciones analizadas, “el Jefe” apuntaría a Cerdán y “el Presi” al jefe del Ejecutivo. Son indicios de informe policial, no sentencia. Precisamente por eso importan: porque sitúan el caso en el núcleo del poder y no en el aparcamiento de Ferraz.

Pedraz reactiva el caso el mismo día en que Moncloa prefiere otros focos. Es el contraste español de siempre: crisis de frontera por la mañana, caja del partido por la tarde. La democracia no se juega solo en la playa del Trampolín; también en si un partido de gobierno puede explicar, con papeles limpios, cada euro que salió hacia fontaneros, abogados y sociedades pantalla.

Hoy declara la gerente. Eso no es un detalle de organigrama. Es la caja entrando en el juzgado.