Pedraz sube al núcleo del PSOE: la gerencia federal ya no puede hacerse la sueca

Durante meses, el relato oficial intentó pintar el caso Leire Díez como una rareza de pasillos y grabadoras. Este domingo la pieza cambió de estantería: el juez Santiago Pedraz ha citado como investigados a la gerente federal del PSOE, Ana María Fuentes, y a Ismael Oliver, exabogado de Koldo García, para declarar el miércoles 9 de septiembre.

No es un aviso a navegantes de segunda fila. Según Europa Press, Pedraz concentra ya toda la causa y ha dejado por escrito indicios contra la gerente del partido: al menos como supuesta cómplice y, en su caso, como presunta autora de falsedad en documento mercantil por facturas mendaces. Traducción para quien no vive de eufemismos: la instrucción mira a quien maneja la pluma y el sello, no solo al intermediario mediático.

La UCO, siempre según la información publicada, sostiene que Fuentes habría falseado —con intermediación de Díez y bajo directrices atribuidas a Santos Cerdán— dos notas de encargo profesional: una ligada al despacho de Oliver y otra a Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán. El objetivo descrito por los agentes es de manual de opacidad: simular relaciones profesionales para poder pagar a esos letrados desde la formación política.

Hay cifra, y la cifra duele. La Guardia Civil sospecha que, mediante empresas a nombre de Oliver y del exdirigente Gaspar Zarrías, se hicieron llegar a Leire Díez 43.225 euros con origen en el partido. Al menos cinco pagos en una cuenta; cuatro de ellos, transferencias de 4.000 euros. Si eso se acredita, no estamos ante un “error de comunicación”: estamos ante una ingeniería de apariencia contable.

El marco de la investigación, tal como lo recogen las crónicas, apunta a una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE. Ahí está el núcleo político del escándalo. No solo se discute un pago opaco; se discute si una estructura orgánica usó dinero y papeles para intentar torcer el tablero judicial que ya tenía encima a su propio ecosistema de poder.

La derecha no necesita inventar aquí un thriller. Basta con leer la secuencia: Cerdán en el relato central, Díez como pieza operativa, la gerencia federal citada, abogados del entorno Koldo/Cerdán en el circuito de notas de encargo, y sociedades que, según la UCO, habrían servido de tubería. Cada eslabón, de confirmarse, acerca más el caso a la caja del partido y lo aleja del cuento del “lobo solitario”.

Moncloa puede seguir hablando de lawfare mientras tanto. El problema es que las citaciones no las firma un mitin: las firma un juez de la Audiencia Nacional sobre indicios policiales concretos. Y cuando la persona citada es la directora gerente federal, el PSOE ya no puede esconderse detrás de la periferia ni de la narrativa del acoso.

El miércoles declararán. Hasta entonces, rigor: son investigados, no condenados. Pero el listón político ya se ha movido. Si la gerencia del partido aparece en el auto por facturas y notas instrumentales, la pregunta deja de ser “quién filtró un audio” y pasa a ser “quién convertía el aparato en taller de documentos”.