Vox ha vuelto a poner al PP murciano contra la pared con la Ley del Mar Menor. Su portavoz en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, pidió este viernes celeridad para debatir la reforma de la norma y acusó al Partido Popular de bloquear durante más de un año la iniciativa, según la nota difundida por Vox.
La discusión tiene mucho más fondo que una bronca autonómica. El Mar Menor es una herida ambiental abierta y el Campo de Cartagena vive desde hace años bajo una lupa política, técnica y mediática. Vox sostiene que la agricultura no es el problema sino parte de la solución. Sus críticos temen que tocar la ley sea una regresión en la protección de una laguna que ya ha pagado demasiadas facturas.
La derecha regional vuelve a discutir quién paga la protección ambiental
La iniciativa de Vox no es solo una rueda de prensa. La Asamblea Regional de Murcia mantiene registrada la proposición de ley 11L/PPL-0035, formulada por el Grupo Parlamentario Vox, para reformar la Ley de recuperación y protección del Mar Menor. La formación afirma que el Reglamento obliga a debatir las proposiciones de ley en un plazo máximo de seis meses y que, tras el nuevo periodo de sesiones, deberán abordarse las iniciativas registradas por Vox, PP y Grupo Mixto.
Alpañez carga contra lo que llama “fanatismo climático” y defiende que abandonar tierras de cultivo no mejora necesariamente el estado de la laguna. En su comunicado, Vox cita un informe de AgroIngenieros por el Mar Menor y Fundación Ingenio sobre el impacto de políticas basadas en el abandono de tierras. Esa tesis también ha tenido eco en informaciones como la de EFE Verde, que recogió el planteamiento de que el abandono abrupto de suelos agrícolas puede elevar riesgos ambientales.
El dato técnico importa, pero no debe convertirse en coartada
Conviene poner freno a la brocha gorda. Que existan estudios sobre los efectos del abandono de tierras no prueba por sí solo que cualquier restricción ambiental sea inútil. Y que haya preocupación ecológica legítima no convierte automáticamente al agricultor en culpable de todo. El debate serio debería empezar justo ahí: medir, comparar, corregir y dejar de usar al Mar Menor como pancarta.
El problema político para el PP es evidente. Si frena la reforma, Vox le acusará de rendirse al ecologismo administrativo y de abandonar al sector primario. Si la acelera, se expone a la crítica de quienes advierten de una marcha atrás ambiental. De hecho, ORM informó de que el Comité de Seguimiento del Mar Menor rechazó modificaciones planteadas por PP y Vox, con advertencias sobre el riesgo de rebajar la protección.
Proteger la laguna no puede significar arrasar al campo
Desde una lectura liberal-conservadora, la pregunta incómoda es sencilla: ¿se puede defender el Mar Menor sin convertir la agricultura en un saco de culpas permanente? La respuesta debería ser sí. Exigir controles, buenas prácticas y responsabilidad ambiental no obliga a diseñar una política que trate al productor como enemigo. Y defender al campo tampoco autoriza a ignorar que la laguna necesita protección real, verificable y constante.
El pulso entre Vox y PP marca, además, una tendencia nacional: la derecha gobierna o condiciona gobiernos autonómicos, pero sigue discutiendo qué hacer cuando chocan economía local, normas ambientales y presión social. En Murcia, esa pelea tiene agua salada, nitratos, informes científicos y miles de familias que viven del campo. No es un decorado.
La salida fácil sería convertirlo en otro duelo de etiquetas: ecologistas contra agricultores, Bruselas contra Murcia, campo contra burocracia. La salida adulta exige algo menos vistoso: datos transparentes, responsabilidades claras, compensaciones cuando toque y una ley que proteja la laguna sin hacer política a costa de quienes trabajan alrededor de ella.