El PP lleva a Marlaska al foco: las presuntas presiones a la Guardia Civil ya son munición parlamentaria

El PP ha decidido llevar a Fernando Grande-Marlaska y a Mercedes González al foco parlamentario. Según anunció el partido, pedirá que comparezcan el ministro del Interior y la directora general de la Guardia Civil por las presuntas presiones políticas a mandos del Instituto Armado difundidas por distintos medios en los últimos días. Es una acusación grave y, precisamente por eso, hay que pisar con cuidado: de momento hablamos de presuntas presiones y de solicitudes de explicación política, no de hechos judicialmente probados en esta pieza.

La versión que sostiene el PP es que esas supuestas instrucciones habrían buscado evitar la representación de la Guardia Civil en actos institucionales del Día de la Comunidad de Madrid de 2025. El partido cita como punto central la denuncia atribuida al general jefe de la Zona de Madrid, Fernando Mora, y anuncia también una batería de preguntas parlamentarias para saber si Interior o la Dirección General han abierto investigación interna, si Marlaska conocía los hechos y qué medidas piensa adoptar el Ejecutivo.

El asunto tiene chicha porque toca una línea roja del Estado: la neutralidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Un Gobierno puede tener orientación política, claro. Lo que no puede es convertir una cadena de mando profesional en una extensión de la bronca partidista. Si las presiones existieron, Interior debe explicarlo sin rodeos. Y si no existieron, también: con documentos, fechas y una respuesta suficientemente limpia como para no dejar el tema pudriéndose en el barro.

Desde una lectura liberal-conservadora, el caso encaja en una preocupación más amplia: instituciones que deberían estar por encima de la pelea diaria terminan atrapadas en ella. El PP usa palabras duras y las mezcla con su ofensiva sobre las llamadas “cloacas” del PSOE. Ahí conviene separar planos. Una cosa es exigir comparecencias y control parlamentario, plenamente legítimo. Otra, convertir cada sospecha en condena antes de que haya pruebas suficientes.

La buena política de oposición no consiste solo en gritar más fuerte. Consiste en obligar al Gobierno a enseñar papeles. ¿Hubo órdenes? ¿Quién las transmitió? ¿Por qué canal? ¿Qué dijo la cadena de mando? ¿Existe expediente interno? ¿Se escuchó al mando que denunció la situación? Esas preguntas valen más que cien adjetivos.

El Congreso aparece esta semana sin convocatorias ordinarias en la agenda del lunes, pero eso no rebaja el alcance del anuncio: las comparecencias y preguntas parlamentarias son munición para el siguiente tramo político. Interior no debería refugiarse en el calendario ni en el ruido. Cuando el debate afecta a la Guardia Civil, la respuesta institucional tiene que estar por encima del argumentario.

También hay un riesgo para el PP: si infla el caso más allá de lo acreditado, regalará al Gobierno una salida fácil, la de denunciar una “campaña” y esquivar el fondo. Por eso el mejor camino para la oposición es el más aburrido y el más eficaz: registrar, preguntar, documentar y forzar una comparecencia donde cada responsable tenga que contestar con precisión.

La democracia no se defiende solo cuando gobiernan los tuyos. Se defiende con una regla simple: quien manda sobre cuerpos armados del Estado debe explicar cualquier sombra de utilización partidista. Sin teatro, pero sin alfombra.