Perelló le marca la puerta a Marlaska: la policía judicial no es un hilo directo para Interior

La carta de Fernando Grande-Marlaska al Poder Judicial tiene una lectura inmediata: Interior quería saber más de lo que estaba contando a la jueza María Tardón el equipo policial que investiga la crisis de Ceuta. Y la presidenta del Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, le ha contestado con una frase que, traducida del idioma institucional, suena bastante simple: a los jueces no se les corrige desde un despacho político.

El choque no es menor. Según elDiario.es y ABC, Marlaska elevó una queja formal por la decisión de Tardón, magistrada de la Audiencia Nacional, de impedir que los policías que trabajan bajo su instrucción facilitaran a sus superiores información sobre sus pesquisas. El contexto es el informe policial sobre la entrada masiva en Ceuta de finales de julio, un asunto que ya se ha convertido en campo de minas entre Gobierno, oposición, socios parlamentarios y Marruecos.

Interior sostiene que no estaba pidiendo barra libre. Marlaska dice respetar la independencia judicial y la dependencia de la policía judicial de jueces y tribunales. Pero añade una excepción política de peso: la crisis fue declarada de interés para la seguridad nacional al amparo de la Ley 36/2015, y por tanto —según su argumento— no debería ser incompatible cumplir con la jueza y, al mismo tiempo, poner en conocimiento de superiores y responsables políticos datos relevantes para gestionar una crisis de esa magnitud.

La respuesta de Perelló marca la raya. La presidenta del Supremo y del CGPJ defiende que la actuación de Tardón responde al ejercicio de sus funciones constitucionales. Y recuerda que los órganos de gobierno de los jueces tienen constitucional y legalmente prohibido aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales. ABC cita expresamente los artículos 12.3 y 176.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En cristiano: el CGPJ no es una ventanilla para que un ministro revise cómo instruye una magistrada.

La policía judicial no es un gabinete de crisis

La tensión nace de una confusión peligrosa: mezclar la cadena política de mando con la lógica de una investigación judicial. La policía judicial puede llevar placa del Estado, cobrar del Estado y tener superiores administrativos. Pero cuando actúa a las órdenes de un juez, su función cambia. Perelló recuerda también el deber general de colaborar con los juzgados y el deber especial de la policía judicial. Ese punto importa porque la independencia judicial no es un adorno de toga: es el cortafuegos que evita que una investigación incómoda acabe convertida en material de relato gubernamental.

Que la crisis de Ceuta sea grave no elimina ese cortafuegos. Al contrario. Cuanto más grave es una crisis, más tentador resulta justificar atajos. Y los atajos institucionales suelen venderse siempre con palabras limpias: coordinación, eficacia, interés general, seguridad nacional. Nadie escribe en una carta oficial: «quiero controlar una investigación». El problema es que el efecto puede parecerse demasiado.

Eso no significa convertir a Marlaska en delincuente ni atribuirle una intención que las fuentes no prueban. No hay aquí una resolución judicial contra el ministro. Hay una queja, una respuesta y una batalla de límites. Pero los límites existen precisamente para días así, no para cuando todo va fácil y nadie se juega nada.

Ceuta no puede ser excusa para bajar garantías

El informe policial sobre Ceuta está rodeado de ruido. ABC sostiene que apunta a participación activa de gendarmería marroquí; el Gobierno ha evitado convertir ese relato en acusación cerrada contra Rabat. Ese debate merece cautela: un informe no es una sentencia, y una hipótesis operativa no es una verdad judicial firme.

Pero esa cautela no rebaja el fondo democrático del asunto. Si la jueza Tardón consideró necesario blindar el flujo de información de los policías que trabajan para su juzgado, el Gobierno puede discrepar, puede pedir cauces, puede defender sus necesidades de gestión. Lo que no puede pretender es que el órgano de gobierno de los jueces le enmiende la plana a una magistrada en plena instrucción.

Perelló ha hecho lo que en una democracia debería ser normal y, sin embargo, cada vez parece más raro: decirle al poder político que hay puertas que no se abren a empujones. La seguridad nacional importa. La frontera importa. Ceuta importa. Pero también importa que, cuando el Estado investiga al Estado, la información no viaje por el camino que más conviene al ministro de turno.