Hay polémicas que el poder intenta archivar con un cambio de carpeta. El ático de Chamberí no se ha archivado: Más Madrid lo ha llevado al Tribunal de Cuentas. No como tuit de indignación, sino como acción pública de responsabilidad contable por la compra, vía empresa pública Planifica Madrid, del inmueble del Paseo del General Martínez Campos por 6,3 millones de euros.
La tesis del escrito, al que han tenido acceso varios medios, no es un “míreme usted todo por si cae algo”. Es más afilada: hay una operación concreta, con indicios —a juicio de la formación— de posible menoscabo de caudales públicos, y el tribunal debe reconstruirla para determinar si existió perjuicio, de qué cuantía y con qué responsables.
Una “oficina temporal” que huele a parche caro
Los hechos base no son de ciencia ficción. El inmueble —unos 485 metros cuadrados y una terraza de alrededor de 200— se adquirió el 14 de abril de 2026. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso lo justificó como dependencia temporal de Presidencia mientras se rehabilita la Real Casa de Correos. Después llegó la letra pequeña que convierte una explicación administrativa en un problema político: el uso catastral principal es residencial, la oposición sostiene que no se ha acreditado por qué comprar y no alquilar u ocupar otro espacio público, y la Comunidad acabó anunciando la puesta a la venta del ático por un precio de salida de 6,7 millones, con la promesa de destinar el resultado a la recuperación de zonas afectadas por incendios en la Sierra Oeste.
Traducción para quien no vive de los boletines: se compra caro un piso de lujo con dinero público, se vende la idea de oficina, estalla la bronca y, cuando el humo no baja, se intenta reconvertir el ladrillo en gesto solidario. Puede ser legal. Puede ser defendible contablemente. Lo que no es, de entrada, es normal.
El coste no son solo los 6,3 millones
Más Madrid mete en el expediente lo que suele quedarse fuera del titular. Además del precio de compraventa, el escrito cifra unos 378.000 euros de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y entre 4.500 y 9.500 euros en gastos de notaría y gestoría. También pide que se examinen posibles sobreprecios frente a alternativas viables, informes jurídicos, técnicos y económicos, tasaciones y la trazabilidad de la negociación. En paralelo, el PSOE ha denunciado dificultades para acceder al expediente de Planifica Madrid. Transparencia a la carta no es transparencia.
Desde el Ejecutivo madrileño se ha restado gravedad al asunto y se ha llegado a presentar el foco mediático del ático como un “sin sentido” comparado con la crisis de Ceuta. Es un truco viejo: cuando te preguntan por el recibo, tú señalas el incendio del vecino. Ceuta exige respuesta de Estado. El ático exige respuesta de contabilidad pública. Una no cancela la otra.
Lo que el Tribunal puede — y lo que la política no debería
Conviene no convertir la denuncia en sentencia. El Tribunal de Cuentas no ha declarado todavía un menoscabo; Más Madrid pide actuaciones previas para ver si lo hay. Eso es importante. También lo es no aceptar el marco contrario: que cualquier control sobre un desembolso multimillonario de una empresa pública sea, por definición, “acoso”. Si el dinero es de todos, la pregunta no es de cortesía.
El fondo político es más simple de lo que parece. O la Comunidad demuestra con papeles que la compra era necesaria, proporcionada y bien tasada, o la oposición tiene derecho a sostener que se usó la maquinaria pública para un capricho institucional disfrazado de obra temporal. En democracia, ese choque se dirime con expedientes, no con desvíos de atención. El Tribunal de Cuentas, al menos, obliga a bajar el volumen y subir los documentos.