No es un amago de una semana. Los sindicatos médicos han puesto fecha gruesa en el calendario: huelga indefinida en toda España a partir del 28 de octubre. El motivo no es un plus salarial suelto. Es el Proyecto de Ley del Estatuto Marco que el Ministerio de Sanidad ya ha metido en el Congreso y que el colectivo facultativo lee como un marco ajeno: se discute de ellos, pero no con ellos.

La convocatoria la sostiene un frente amplio. Están la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz, Metges de Catalunya, AMYTS en Madrid, el Sindicato Médico de Euskadi y O'MEGA en Galicia. También empuja la Unión Médica y Facultativa, con piezas de Galicia, Valencia, Navarra, Canarias y la asociación MIR. No es un piquete de un solo hospital. Es el mapa del Sistema Nacional de Salud diciendo que la letra pequeña del estatuto no le vale.

El texto llega unos diez días después de su paso por el Consejo de Ministros —alrededor del 1 de septiembre— y busca reformar la normativa de personal estatutario que arrastra desde 2003. Para el Gobierno, modernizar. Para los médicos, perpetuar “condiciones injustas y discriminatorias” y cerrar el paso a una norma propia. En el medio hay una pelea de poder clásica: quién se sienta a la mesa y con qué categoría se negocia.

Lo que piden, en castellano de consulta

Las reivindicaciones no son un abstracto de boletín. Hablan de jornada ordinaria real de 35 horas, de reconocer y compensar el exceso de jornada, de reformar las guardias para que dejen de ser el agujero negro del horario, de una clasificación profesional acorde a la formación exigida y de un modelo de jubilación que no trate al facultativo como si hubiera hecho el mismo recorrido que cualquier otra categoría.

Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS, lo resume sin adorno: anunciar la huelga indefinida “es un fracaso de todos”, pero avisa a pacientes de que lo hacen “por y como pacientes”. No quieren, dice, seguir mirando cómo se degrada la asistencia. Y clava el dardo institucional: si el estatuto es conjunto, quieren las mismas condiciones que el resto; no un texto “negociado por los sindicatos generalistas y el sindicato profesional de enfermería” donde el médico sigue con jornada discriminatoria y una clasificación que empeora lo suyo.

Víctor Pedrera, de CESM, carga contra el método: el ministerio ha dado “una patada adelante” con un borrador que mantiene al médico fuera de negociar directamente con la administración lo que le afecta. La CESM prepara ronda con partidos para pedir enmiendas a la totalidad que devuelvan el proyecto. En Cataluña, Xavier Lleonart (Metges) va más lejos en el tono: la huelga “tiene fecha de inicio, pero no de final” y afectará a todos los días y servicios hasta que haya negociación real.

Sanidad señala a las comunidades

La ministra Mónica García, en Onda Cero, no niega del todo el malestar. Dice entender reivindicaciones “legítimas”. Su contrargumento es de manual autonómico: el Estatuto Marco sienta bases y márgenes, pero muchas de las peores heridas de la plantilla se curan —o se ignoran— en las consejerías. “El problema es que el Estatuto Marco no se la resuelve”, admite, y añade que el texto “abre la puerta” a soluciones que deben resolverse “en otra ventanilla”.

Traducción política: Madrid pone el marco; las comunidades pagan nóminas, agendas y listas de espera. El truco es que, si el marco ya nace sin el colectivo que sostiene quirófanos y centros de salud, la “otra ventanilla” se convierte en un pasillo infinito. El ministerio puede lavarse las manos de lo autonómico; las comunidades pueden esconderse tras lo estatal. Mientras tanto, el paciente sigue midiendo el sistema en demoras, no en competencias.

No es la primera trifulca del año

La indefinida del 28-O no nace de la nada. En la primera mitad de 2026 ya hubo paros —una semana al mes entre febrero y junio—. Entonces era presión intermitente. Ahora el comité de huelga eleva la apuesta: paro continuo hasta forzar una negociación que, a su juicio, no ha existido de verdad. El calendario de otras acciones todavía se cierra. El mensaje, no: o hay interlocución médica real, o el otoño sanitario se escribe en clave de conflicto.

Desde la izquierda social que defiende lo público, el punto no es romantizar el cierre de consultas. Es al revés. Un SNS que se sostiene a base de sobrecarga y malestar no es “eficiencia”: es deuda clínica aplazada. Si el Congreso tramita el estatuto como si el rechazo médico fuera ruido de pasillo, el coste no lo paga solo el ministerio. Lo pagan turnos rotos, plantillas que se van y ciudadanos que descubren que la sanidad “universal” también tiene fecha de caducidad laboral.

Hay una salida limpia y otra sucia. La limpia: devolver el texto, abrir mesa con sindicatos médicos y separar con claridad qué se fija en ley estatal y qué se exige a las CCAA con calendario y dinero. La sucia: sacar la norma por agotamiento, repartir culpas entre administraciones y esperar a que la huelga se desgaste sola. El 28 de octubre no es magia. Es el día en que esa elección deja de ser retórica.