El Gobierno y las comunidades han aprobado el reparto de 35 millones de euros para la acogida de menores migrantes no acompañados. Dicho así parece una línea más en el Excel autonómico. Pero detrás hay una pelea política muy reconocible: quién paga, quién acoge, quién protesta y quién intenta que el coste no se le quede entero en casa.
El Ministerio de Juventud e Infancia sostiene que el dinero servirá para reforzar la atención inmediata, la acogida, la escolarización, el apoyo psicosocial, la inserción sociolaboral, la inclusión social y la ampliación de plazas. La mayor asignación va a territorios especialmente tensionados por su posición geográfica o por la presión sobre sus sistemas: Ceuta recibirá 5,5 millones, Canarias 4 millones, Melilla 4 millones y Baleares 2 millones.
También hay cantidades relevantes para Andalucía, con 4.038.476 euros; Cataluña, con 3.650.068; Madrid, con 3.630.768; Comunidad Valenciana, con 2.588.581; y Murcia, con 1.355.808. El resto se reparte entre las demás comunidades en función de la acogida actual de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
Solidaridad vinculante, dinero limitado
La versión del Gobierno es sencilla: hay un mecanismo de acogida solidaria y vinculante, y el Estado pone fondos para que las autonomías puedan sostenerlo. La ministra Sira Rego lo presenta como una prueba de compromiso con la infancia y con los derechos humanos. Es el marco progresista clásico: los menores no son un problema de frontera, son menores; y el sistema no puede depender de que Canarias, Ceuta o Melilla aguanten solas.
La objeción de varias comunidades gobernadas por el PP tampoco puede despacharse con un gesto. Según 20minutos, algunas autonomías criticaron que los fondos son insuficientes y cargaron contra el reparto forzoso, aunque votaron a favor para no perder la financiación. Madrid pidió más dinero; Canarias también reclamó incrementar la partida y recordó la aportación extraordinaria de 100 millones que se puso sobre la mesa al inicio del mecanismo.
Ahí está el choque real. La solidaridad territorial suena muy bien hasta que llega la factura, las plazas no aparecen y las comunidades dicen que el Gobierno diseña el sistema desde arriba sin pagar todo lo que cuesta. El Gobierno replica que no se puede pedir más financiación autonómica mientras se tumban instrumentos presupuestarios en el Congreso. Cada uno tiene su frase. Los centros de acogida tienen el problema.
Ni propaganda buenista ni alarma fácil
Conviene mantener dos ideas a la vez. Primera: hablamos de infancia. No de paquetes, no de cupos abstractos, no de munición para vídeos de campaña. Son chicos y chicas que necesitan techo, tutela, colegio, salud mental y un camino legal ordenado. Segunda: ningún sistema de acogida funciona solo con superioridad moral. Necesita plazas, profesionales, coordinación y dinero suficiente.
Los 35 millones son una respuesta, pero no cierran el debate. Si las comunidades de llegada siguen desbordadas y las de destino sienten que el reparto llega sin recursos estables, el mecanismo se convertirá en otra guerra territorial. Y si la derecha reduce todo a “reparto forzoso” sin hacerse cargo de la infancia, regalará a la izquierda el terreno moral entero.
La pregunta útil no es si la acogida queda bonita en un comunicado. La pregunta es si dentro de seis meses hay menos saturación en Canarias, Ceuta y Melilla; si las comunidades receptoras tienen plazas dignas; si los menores están escolarizados; y si el Estado paga de forma previsible, no a golpe de crisis.
España puede discutir inmigración con firmeza y con humanidad. Lo que no puede hacer es fingir que la frontera es un asunto local cuando conviene al Gobierno, ni fingir que un menor deja de ser menor porque cruza solo. La política adulta empieza cuando se dejan de gritar consignas y se pregunta lo básico: dónde duermen esta noche, quién les atiende mañana y quién pone el dinero pasado mañana.