Moncloa ha encontrado una cifra para salir del rincón: 74 iniciativas legislativas aprobadas y publicadas en el BOE desde el arranque de la legislatura. No es un eslogan pequeño. Es la forma que el Gobierno y el PSOE han elegido para contestar a la acusación de bloqueo parlamentario que repiten PP y Vox cada vez que el Congreso le da otro disgusto a Pedro Sánchez.
La pelea no va solo de números. Va de relato de supervivencia. La derecha quiere instalar una idea sencilla: si el Gobierno pierde votaciones importantes, está políticamente acabado y debe convocar elecciones. El PSOE responde con otra frase igual de directa: con este Parlamento se negocia más, se sufre más, pero también se legisla. Traducido a lenguaje de calle: no hay autopista, pero el coche sigue avanzando.
Según el recuento publicado por El Plural, el último pleno extraordinario del curso dejó dos reales decretos leyes convalidados y tres leyes aprobadas definitivamente. Entre ellas figuran la prórroga de medidas por la crisis en Oriente Medio, la jubilación parcial anticipada para personal laboral de las administraciones públicas, la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para mutualistas, la actualización del cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud y la transferencia de la AP-9 a Galicia.
El dato tiene fuerza porque desmonta una caricatura demasiado cómoda: un Gobierno paralizado que no logra sacar nada. Pero tampoco conviene vender humo. Aprobar normas concretas no es lo mismo que tener una mayoría estable. La legislatura sigue siendo una partida de Jenga: cada pieza que se mueve obliga a mirar si Junts, PNV, ERC, Podemos, Bildu, BNG o Coalición Canaria van a sostener la torre o van a dejar que tiemble.
El mejor ejemplo es la condonación de deuda autonómica. El Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad de PP y Vox por 178 votos frente a 170, así que el texto continúa vivo. El plan prevé que el Estado asuma 83.252 millones de euros de deuda de comunidades de régimen común. Para el PSOE, eso liberaría recursos para sanidad, educación y servicios sociales. Para la oposición, es otra operación política marcada por las necesidades de Sánchez con sus socios.
Ahí está el matiz clave: superar una primera votación no garantiza aprobar la ley. Quedan enmiendas, ponencia, comisión, pleno y Senado. Y Junts ya ha avisado de que quiere cambios. El Gobierno puede enseñar el marcador, sí, pero no puede fingir que el partido está resuelto.
La gran sombra sigue siendo presupuestaria. El Congreso tumbó de nuevo la senda de estabilidad, primer paso político para unas cuentas nuevas. Moncloa sostiene que seguirá preparando los Presupuestos Generales del Estado de 2027 y que puede apoyarse en el plan fiscal enviado a Bruselas. Pero el mensaje de fondo es menos heroico: si no hay Presupuestos, la legislatura puede sobrevivir, aunque con respiración asistida.
Desde la izquierda, el punto fuerte del Gobierno es evidente: en un Parlamento fragmentado, sacar 74 normas del BOE no ocurre por accidente. Exige negociar y renunciar. Desde la derecha, también hay una crítica legítima: una legislatura no se mide solo por cuántas leyes publica, sino por si conserva dirección política y capacidad para aprobar lo gordo.
Así que la cifra sirve, pero no absuelve. Moncloa tiene un argumento para negar el entierro prematuro. Ahora necesita algo más difícil: demostrar en otoño que esas 74 leyes no son solo el álbum de supervivencia de un Gobierno que aprendió a pasar de pantalla, sino la base de una mayoría capaz de votar presupuestos, deuda autonómica y vivienda sin que cada pleno parezca una ruleta rusa.