Moncloa vuelve a mirar a Junts con esa mezcla de necesidad y vértigo que ya define media legislatura. 20minutos cuenta que el Gobierno juega su última carta con los de Carles Puigdemont para intentar un golpe de efecto en precampaña, en medio del malestar interno por el indulto a Laura Borràs. La escena resume bien el momento: un Ejecutivo sin mayoría cómoda, una derecha esperando desgaste y unos socios que saben que cada voto vale oro.
El indulto parcial a Borràs no es una pieza menor en ese tablero. RTVE explicó que el Gobierno lo defendió como útil para la “normalización política” en Cataluña, mientras recogía críticas de dirigentes como Emiliano García-Page y del PP. La Vanguardia publicó que el indulto rebaja la pena de prisión y mantiene otras consecuencias penales. Es decir: no borra el caso, pero sí evita el peor escenario personal para la expresidenta del Parlament.
Desde una lectura liberal-conservadora, el problema no es solo jurídico. Es de confianza. Cuando un Gobierno necesita a Junts para sacar aire parlamentario y, al mismo tiempo, adopta una medida de gracia sobre una figura relevante de ese espacio político, la sospecha aparece aunque Moncloa invoque normalización. Puede haber argumentos legales, informes y tradición constitucional del indulto. Pero la política no vive solo en el BOE: vive también en cómo huele una decisión.
La Moncloa de Sánchez ha convertido la supervivencia en una técnica. Negocia, resiste, compra tiempo y trata de transformar cada cesión en una pieza de relato. A veces le sale. Otras, la factura se acumula. El indulto a Borràs llega después de años de pactos con el independentismo y en un clima donde cualquier gesto hacia Junts se lee como pago, aunque el Gobierno lo niegue. Ese es el coste de gobernar permanentemente al borde del precipicio.
La otra parte de la historia es que Junts tampoco regala estabilidad. Si Moncloa busca un golpe de efecto antes de un calendario político cada vez más electoral, los votos independentistas no van a salir baratos. Y ahí aparece la pregunta incómoda para el PSOE: cuánto de su agenda propia queda cuando cada movimiento exige apagar un incendio interno, contentar a un socio y aguantar la ofensiva del PP.
Conviene no inflar lo que no está probado. No hay base para afirmar que el indulto se haya pactado como contraprestación concreta por un voto determinado. Eso sería convertir sospecha política en hecho. Lo que sí está sobre la mesa es más simple y más dañino: la coincidencia entre necesidad parlamentaria, gesto de gracia y malestar socialista alimenta la idea de que la legislatura se gobierna a base de excepciones.
Sánchez puede seguir defendiendo que la normalización catalana exige decisiones difíciles. Pero cada decisión difícil necesita una explicación limpia. Si la explicación suena a “porque hace falta”, deja de ser normalización y se parece demasiado a supervivencia. Y una democracia puede soportar pactos incómodos; lo que soporta peor es que la ciudadanía sospeche que las llaves del Gobierno se mueven en una mesa donde nunca ve todos los papeles.