La regeneración democrática tiene un problema muy español: se anuncia con palabras enormes y luego se atasca en la mesa camilla del trámite parlamentario. El Gobierno quiere vender impulso contra la corrupción, pero los datos publicados estos días obligan a bajar el volumen. Según Público, las 15 medidas anticorrupción presentadas por Pedro Sánchez en julio de 2025 no están plenamente en vigor un año después.
La fotografía es incómoda para el Ejecutivo y útil para la oposición, pero conviene no hacer trampas. No significa que todo esté parado. Público recoge que varias iniciativas están avanzadas y que el Gobierno espera llevar “en breve” la Ley Orgánica de Integridad Pública a segunda vuelta del Consejo de Ministros. El problema es otro: en política, “en tramitación” no protege a nadie todavía. Una norma pendiente no evita un abuso, no sanciona una puerta giratoria y no tapa el agujero de confianza que dejan los casos de corrupción.
El atasco entre Moncloa y las Cortes
El Plan de Acción por la Democracia vive una tensión parecida. El Gobierno asegura que ha desarrollado el 87% de su contenido, con 27 de 31 medidas completadas o en tramitación avanzada. Pero el mismo recuento periodístico subraya una letra pequeña importante: solo siete estarían al 100% desarrolladas; otras dependen de trámites del Ejecutivo o de votaciones parlamentarias.
Ahí está la clave. La regeneración no se mide por ruedas de prensa, sino por BOE, controles reales y mayorías en el Congreso. Y el Congreso, hoy, no es precisamente una autopista. Cada reforma que necesita mayoría suficiente se convierte en una prueba de resistencia: socios que aprietan, oposición que busca contradicciones y un Gobierno que promete limpieza mientras intenta sobrevivir políticamente.
Entre las piezas pendientes aparecen asuntos sensibles: la Ley Orgánica de Integridad Pública, la agencia independiente de integridad, mapas de riesgo en fondos públicos, refuerzo del control sobre financiación de partidos, cambios sobre lobbies y medidas contra la desinformación. Son temas serios. No son decoración institucional. Si salen bien, pueden hacer más difícil usar el poder como finca privada. Si salen tarde, mal o aguadas, serán otro cartel bonito en la pared.
La izquierda no debería conformarse con el relato
Desde una mirada progresista, hay una tentación peligrosa: defender al Gobierno porque enfrente hay una derecha que usa cada caso como palanca para tumbar la legislatura. Esa defensa puede entenderse en la batalla diaria, pero no basta. Precisamente porque la corrupción destruye lo público, la izquierda debería ser la primera en exigir plazos, dientes y transparencia. No vale convertir la regeneración en una consigna defensiva.
También hay un riesgo contrario: que la derecha use el retraso para fingir que nunca ha existido corrupción fuera del adversario. España tiene memoria suficiente para no comprar esa película. La exigencia razonable es más simple y más dura: que quien gobierna apruebe lo que prometió, que quien bloquea explique por qué y que las medidas no se queden en una guerra de titulares.
La política española lleva años hablando de desinformación, lobbies, integridad y control de partidos como si fueran asignaturas siempre para septiembre. La pregunta de fondo es si esta vez habrá examen de verdad. Porque si la respuesta vuelve a ser “ya casi”, la regeneración se parecerá demasiado a lo de siempre: mucho discurso contra la corrupción y poca incomodidad práctica para quienes viven de sus rendijas.