El rescate de Plus Ultra vuelve a oler a pasillo. Este lunes, en la Audiencia Nacional, el expresidente de la aerolínea Julio Martínez Sola ha declarado como investigado ante el juez José Luis Calama. El núcleo del relato, coincidente en El Mundo, elDiario.es y El Español, es demoledor en términos políticos: se aceptó una comisión del 1% del rescate público de 53 millones —unos 530.000 euros— ligada al “grupo Zapatero”.
No hace falta inventar una novela. Un directivo que buscaba oxígeno del Estado describe un peaje. elDiario.es añade la frase que resume la cultura del apaño: “Ante la duda, yo pagaba”. Traducción para el contribuyente: aunque digas que cumples los requisitos, alguien te convence de que el porcentaje engrasa el éxito. Eso no es una startup creativa. Es la negación del Estado impersonal.
Calama investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por un posible tráfico de influencias en ese rescate. Repitámoslo sin trampa: investiga. No hay aquí una condena firme que podamos vender como sentencia. Pero tampoco hay que esperar al último folio para leer el patrón. Dinero público, mediación política de alto voltaje y comisión a éxito. Si eso no enciende todas las alarmas de control, ¿qué las enciende?
La derecha lleva años advirtiendo de que los rescates express y las redes de influencia no son folklore. Cada vez que el sumario avanza, el argumento se sostiene menos en gritos y más en actas. Martínez Sola comparece horas ante el instructor y, según El Mundo, ante la fiscal de Anticorrupción. Mientras, la Tesorería de la Seguridad Social manda al juzgado certificados de estar al corriente de Plus Ultra; elDiario.es subraya que son documentos automáticos y que Calama los traslada a la UDEF. Bien. Que se audite el papel y el dinero. Sin anestesia partidista.
Hay quien intentará reducir esto a una vendetta contra un expresidente socialista. El problema es más seco. Si el Estado inyecta 53 millones en una compañía, el ciudadano tiene derecho a saber si el camino pasó por comisiones privadas de porcentaje. No por moralina: por integridad del gasto. Un país que normaliza el “por si acaso pago” convierte la administración en un mercado negro de gestiones.
Tampoco vale el atajo de colgarle a Pedro Sánchez cada folio del sumario como si fuera auto de procesamiento. Las crónicas del día centran la declaración y la investigación de influencias en el entorno del rescate y de Zapatero. Mezclar sin prueba al presidente actual con un veredicto inexistente es el mismo vicio que se critica al otro lado: hinchar el sumario hasta que diga lo que uno quiere oír.
La lectura liberal-conservadora es clara. Primero, transparencia brutal sobre cualquier rescate con dinero de todos. Segundo, barreras reales entre poder político, intermediarios y ventanilla. Tercero, que la justicia trabaje sin que Moncloa ni la oposición dicten el ritmo del titular. Si al final hay archiivo, se archiva. Si hay juicio, se juzga. Lo intolerable es el limbo cómodo donde el porcentaje se discute en despachos y el contribuyente solo ve la factura.
Plus Ultra ya no es un debate de aviación. Es un debate de Estado. O el 1% queda como anécdota de crisis, o queda como manual. España no puede permitirse el segundo manual.