Hay frases que no necesitan eslogan. “Ante la duda, yo pagaba”. Eso, según fuentes jurídicas recogidas por elDiario.es, es lo que ha dejado este lunes en la Audiencia Nacional Julio Martínez Sola, expresidente de Plus Ultra, al declarar como investigado ante el juez José Luis Calama.
El escenario es tosco y muy político a la vez. La aerolínea recibió un rescate público de 53 millones de euros. En las crónicas del día —elDiario.es, El Mundo, El Español— el directivo ratifica que se pactó una comisión del 1% ligada al llamado “grupo Zapatero” para intentar asegurar el éxito de esa ayuda. Un 1% de 53 millones son unos 530.000 euros. elDiario.es sitúa el contrato barajado, con IVA, en torno a 641.300 euros.
Ojo con lo que esto es y lo que no es. Es una declaración de un investigado en una causa abierta. No es una sentencia. No convierte a José Luis Rodríguez Zapatero en condenado. La instrucción mira un posible tráfico de influencias en el rescate; el listón de la prueba lo sigue teniendo el juez, la fiscalía y, si llega, un juicio. Quien celebre ya la foto final confunde deseo con sumario.
Dicho esto, el daño institucional no espera al fallo. Si un rescate con dinero público aparece rodeado de comisiones “a éxito”, mediaciones opacas y la confesión práctica de pagar “por si acaso”, el problema deja de ser solo judicial. Es de higiene democrática. El Estado no puede repartir millones de todos mientras en los pasillos se normaliza el peaje de la duda.
Desde la izquierda seria, la lectura no puede ser el cierre de filas automático. Limpiar el espacio público no es regalar titulares a la derecha: es dejar de regalarles la razón. Cuando el dinero sale de la SEPI o de mecanismos de rescate, la exigencia de trazabilidad tiene que ser más alta, no más baja. Y si la Tesorería de la Seguridad Social remite al juez certificados de estar al corriente —documentos que, según elDiario.es, se expiden de forma automática— y Calama los pasa a la UDEF, mejor: que se mire todo con luz, no con lealtad de tribu.
También conviene no convertir un nombre en fetiche. “Grupo Zapatero” es la etiqueta que circula en la causa y en las crónicas. Martínez Sola, siempre según elDiario.es, reconoce que no supo qué gestiones se hicieron ni hizo un seguimiento fino. Esa laguna no absuelve a nadie; dibuja un modelo peor: pagar sin mapa. Si el rescate se merecía por requisitos, ¿para qué la comisión? Si la comisión parecía necesaria, ¿qué dice eso del botones del Estado?
La derecha va a usar la pieza como maza contra todo el socialismo. Es previsible. La respuesta torpe sería negar la gravedad o hablar solo de “lawfare”. La respuesta decente es otra: hechos al juez, separación clara entre investigación y condena, y una regla simple para el futuro. Quien toque dinero público no improvisa mediadores de porcentaje. Ni “ante la duda”.
Plus Ultra ya no es solo una aerolínea con balance roto en pandemia. Es un test. O el sistema demuestra que puede investigar a los suyos sin anestesia, o el cinismo gana por goleada. Y el cinismo, al final, también se cobra en votos y en instituciones vacías.