El caso Plus Ultra ha vuelto a levantar vuelo, y no precisamente por una buena noticia empresarial. Julio Martínez Martínez, empresario investigado y amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional en el que sostiene que el expresidente estaba informado de las gestiones para lograr el rescate público de la aerolínea y que era quien “marcaba los pasos a seguir”.
Conviene poner el freno antes de sacar la guillotina: hablamos de la versión de un investigado, no de una sentencia. Pero también conviene no hacerse el sueco. Cuando una ayuda pública de 53 millones de euros lleva años rodeada de dudas, cualquier nuevo documento que apunte a intermediaciones políticas merece luz, taquígrafos y pocas palmaditas de partido.
El dinero público exige más que confianza
La ayuda a Plus Ultra fue aprobada en 2021 a través del fondo gestionado por la SEPI para empresas estratégicas afectadas por la pandemia. Según el repaso publicado por Público, el rescate se articuló en dos préstamos por un total de 53 millones: uno ordinario de 19 millones y otro participativo de 34 millones. La compañía, de acuerdo con esa información, había pagado intereses pero había renegociado vencimientos del principal.
Ese dato es políticamente venenoso. Porque una cosa es salvar empresas en una crisis inédita y otra muy distinta es pedir al contribuyente que acepte a ciegas operaciones con nombres propios, consultoras, contratos y presuntas comisiones dando vueltas alrededor de una decisión pública. La derecha tiene aquí un filón, sí. Pero el filón existe porque el Gobierno nunca logró despejar del todo la sensación de trato excepcional.
Lo que dice el escrito, y lo que no prueba todavía
Según infoLibre, que cita el escrito adelantado por El Mundo y al que también tuvo acceso EFE, Martínez afirma que Zapatero estaba puntualmente informado de los pasos relacionados con el préstamo, que le comunicó la inminente aprobación de la ayuda y que lideraba de facto una consultora llamada Análisis Relevante pese a no figurar formalmente en el accionariado.
El mismo relato sostiene que Plus Ultra pactó pagos mensuales por asesoramiento y otro acuerdo ligado al 1% de la ayuda si se conseguía el préstamo. De nuevo: son afirmaciones dentro de una causa judicial y deben tratarse como tales. Ni condenan por sí solas al expresidente ni absuelven al aparato público que aprobó la ayuda. Lo que sí hacen es ensanchar el agujero de confianza.
La pregunta liberal: quién vigila al que reparte
Desde una lectura liberal-conservadora, el caso es casi de manual. Cuanto más grande es el Estado repartidor, más importantes son los cortafuegos: criterios publicados, expedientes blindados, controles externos y consecuencias si alguien usa contactos políticos para acercarse al dinero común. Si esos cortafuegos fallan, la política se convierte en una sala VIP donde unos pocos conocen la puerta correcta.
El Gobierno y el entorno socialista pueden recordar, con razón, que hay decisiones judiciales previas que avalaron la legalidad de las ayudas y que nadie debe ser condenado por titulares. Pero esa defensa no basta para cerrar el debate público. La legalidad formal es el suelo. La higiene institucional debería ser el techo.
La Audiencia Nacional tendrá que separar humo, estrategia de defensa y hechos probados. Mientras tanto, el mensaje político es sencillo: cada euro público que sale con sombra vuelve multiplicado en desconfianza. Y en un país cansado de rescates raros, comisiones opacas y favores cruzados, la paciencia del contribuyente ya no da para muchos vuelos más.