El PP le enmienda la agenda a Hacienda: la financiación, al CPFF y con todos delante

Las comunidades gobernadas por el PP han decidido no tragar. Frente al plan de Hacienda de reducir el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a un simple trámite sobre la senda de estabilidad, los gobiernos autonómicos del Partido Popular avisan de que llevarán a esa mesa el asunto que de verdad importa: la reforma de la financiación autonómica. Y quieren hacerlo con todos delante, no en la trastienda.

Lo adelanta Europa Press este 2 de julio: pese a que el Ministerio de Hacienda no contempla abordar la financiación en la reunión que ha convocado, las autonomías del PP no piensan dejar que el debate se despache por capítulos sueltos.

El calendario que maneja Hacienda es el siguiente. El próximo lunes ha citado a las comunidades para fijar la senda de estabilidad de los Presupuestos, ese reparto del margen de déficit y deuda del que dependen las cuentas de cada autonomía. Y hasta ahí. La financiación —el modelo que decide cuánto dinero recibe cada territorio para pagar sanidad, educación o dependencia— quedaría para otro CPFF distinto, previo al Consejo de Ministros. Troceado, cada cosa en su compartimento.

Es justo ahí donde salta la chispa. Para las comunidades del PP, separar los dos asuntos no es una cuestión de orden del día: es una manera de controlar los tiempos y de negociar pieza a pieza. Por eso rechazan de plano que la reforma se cocine en reuniones bilaterales —Hacienda con cada autonomía por separado— y exigen que se trate de forma multilateral, en el CPFF, donde todos se miran a la cara.

La aritmética explica buena parte del pulso. En el CPFF el Gobierno central dispone del 50% de los votos. Según Europa Press, eso significa que le bastaría el apoyo de una sola comunidad para sacar adelante su propuesta. ¿Cuál? El nombre que asoma sobre la mesa es el de Cataluña. Nada está aprobado ni cerrado —conviene decirlo con claridad—, pero la foto es la que es: con un único aliado, el Ejecutivo tendría margen para imponer su hoja de ruta sin convencer a nadie más.

Para el bloque popular, ese detalle lo cambia todo. Si una decisión que afecta a todas las comunidades de régimen común puede resolverse con el 50% de la Administración central más un voto amigo, el multilateralismo deja de ser un principio y pasa a ser un decorado. De ahí la insistencia en llevarlo todo a la misma mesa: cuantos más asuntos se debatan juntos y a la vista, más difícil resulta armar mayorías a medida.

Quien lo ha dicho con más crudeza es Murcia. El Gobierno murciano denuncia que se estarían fraguando pactos bajo mano para privilegiar a unas comunidades frente a otras. Conviene subrayarlo con todas las letras: se trata de una acusación política de Murcia, no de un hecho probado. Nadie ha acreditado que exista tal pacto y no hay constancia de ilegalidad alguna. Pero la sospecha, fundada o no, marca el tono con el que el PP llega a la cita.

El trasfondo no es nuevo. A mediados de junio, El País informaba de que Hacienda solo había logrado sentar a cuatro comunidades para hablar de financiación, precisamente por el rechazo de las gobernadas por el PP a las reuniones bilaterales. Aquel plantón no era un capricho: era el aviso de que los populares no pensaban validar un modelo negociado despacho por despacho.

Y ahí está el fondo del asunto. La financiación autonómica es una decisión de Estado, de esas que fijan las reglas del juego para más de una década y condicionan la caja de todos los españoles, vivan donde vivan. Trocearla en reuniones separadas, sacar la parte más sensible del foro donde todas las comunidades tienen voz y resolverla con un voto de conveniencia es, para el centroderecha, justo la manera de no hacer las cosas. No porque el procedimiento sea ilegal, sino porque una reforma que nace de un reparto a la carta nace ya coja para pedir lealtad al resto.

El pulso, en el fondo, es de método antes que de cifras. No se discute todavía cuánto le toca a cada uno, sino quién decide y con quién. Hacienda quiere administrar los tiempos y elegir a sus interlocutores; el PP quiere obligar a que todo se juegue en el mismo tablero y a la misma hora. El próximo CPFF dirá si la financiación entra en el orden del día o se queda, un mes más, en la sala de espera.