El PP ha decidido llevar la crisis de Ceuta al mes más incómodo del calendario político: agosto. Según la información publicada por 20minutos, los populares piden reactivar Congreso y Senado para que comparezcan Pedro Sánchez y varios miembros del Gobierno, entre ellos los responsables de Interior, Defensa y Exteriores, además de la directora del CNI. La oposición quiere que la frontera, los menores migrantes y la respuesta del Ejecutivo no queden aparcados hasta septiembre.
El movimiento tiene una lectura evidente desde la derecha: si una crisis de Estado estalla en agosto, las Cortes no pueden funcionar como si estuvieran de vacaciones. El PP intenta convertir la imagen de un Gobierno administrando tiempos en la imagen de un Gobierno obligado a dar explicaciones. Y, políticamente, no es una mala presa. Ceuta mezcla seguridad, diplomacia con Marruecos, presión migratoria, reparto autonómico de menores y desgaste territorial. Todo junto, en una coctelera que no perdona frases blandas.
La frontera no cabe en una nota de prensa
El Español añade otro elemento: el PP reclama cambios en la Ley de Extranjería antes de aceptar nuevos repartos de menores procedentes de Ceuta, con el argumento de que la frontera no puede convertirse en un “coladero”. Esa palabra tiene carga política fuerte y conviene no disfrazarla: busca marcar autoridad, pero también corre el riesgo de aplastar bajo un lema una realidad con niños y adolescentes de por medio.
La derecha está intentando fijar dos ideas. Primera: el Gobierno debe explicar qué sabía, qué hizo y qué coordinación mantuvo con Marruecos y con las comunidades autónomas. Segunda: no basta con repartir consecuencias territoriales si antes no se aclara cómo se evita que la crisis se repita. Es una tesis dura, pero no necesariamente ilegítima. En una democracia normal, pedir comparecencias no debería ser un escándalo; debería ser parte del precio de gobernar.
El punto ciego: menores, competencias y propaganda
El problema aparece cuando el debate pasa de exigir control a competir por quién suena más implacable. La acogida de menores no acompañados no es un trámite de paquetería entre administraciones. Hay obligaciones legales, derechos básicos y una gestión autonómica que puede ser mala, desigual o insuficiente, pero que no desaparece por enfadarse mucho en televisión. El Gobierno central debe rendir cuentas, sí. Las comunidades también. Y Marruecos no puede quedar fuera de la pregunta diplomática si hay una crisis fronteriza de este tamaño.
El PP sabe que el Senado es su terreno más cómodo, porque allí tiene mayoría y puede marcar agenda. Pedir habilitación en agosto le permite empujar a Moncloa contra la pared: o comparece y entra en el marco de la oposición, o se expone a parecer ausente. Esa es la jugada. La cuestión es si de esa presión sale información útil o solo otra ronda de titulares con menores convertidos en munición partidista.
La izquierda responderá, previsiblemente, hablando de derechos, cooperación y responsabilidad compartida. Tiene razones para hacerlo. Pero si usa esas palabras como escudo para evitar cifras, fechas, fallos de coordinación o decisiones concretas, regalará a la derecha el papel de única fuerza que pregunta por el control. Y ese regalo, en una crisis de frontera, suele salir caro.
La exigencia mínima debería ser clara: comparecencias, datos verificables y menos teatro moral. Que el Gobierno explique. Que la oposición no deshumanice. Y que las Cortes sirvan para algo más que para producir cortes de vídeo. Porque si Ceuta se convierte solo en un decorado de campaña, perderán los de siempre: los vecinos de la ciudad, los menores utilizados como argumento y una política exterior que España nunca termina de mirar de frente.