El control parlamentario no es un favor del Gobierno. Si el Senado cita a ministros por Ceuta, tienen que ir. Punto. Que Marlaska, Albares y Robles comparecieran en el Congreso en agosto no borra la pregunta incómoda: ¿por qué la Cámara Alta se quedó con sillas vacías en plena emergencia fronteriza?
Dicho eso, el movimiento del PP de este domingo merece lectura fría. Alicia García anuncia un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional para el pleno del miércoles 8. La mayoría popular puede sacarlo. Legalmente es una vía reconocida. Políticamente es también otra vuelta de tuerca en una legislatura que, según el recuento publicado por RTVE y Diariocrítico, ya arrastra 14 conflictos de este tipo lanzados desde el Senado —más uno del Gobierno— frente a los cinco que hubo hasta 2023.
Cuando casi todo se judicializa, el ciudadano deja de distinguir la exigencia legítima de la trituradora permanente. El PP tiene razón al recordar el artículo 110.1 y el reglamento: el Ejecutivo no elige a la carta qué cámara le controla. Pero convertir cada roce de agosto en expediente constitucional también puede ser una forma de mantener Ceuta en campaña continua mientras la ciudad sigue necesitando plazas, devoluciones y gestión, no solo reprobaciones.
La moción que acompaña al conflicto mezcla a Interior, Exteriores y Defensa con Sanidad e Igualdad. Se puede criticar el colapso sanitario ceutí o la respuesta a agresiones. Meterlo todo en el mismo saco de «invasión» y «ataque a la integridad territorial» es marco de oposición, no acta notarial. Las comillas importan: son el lenguaje del PP, no un veredicto judicial.
La izquierda no debería defender sillas vacías. Debería defender un estándar: comparecer en ambas cámaras, entregar papeles, aceptar preguntas incómodas y no confundir agenda de Congreso con indulgencia. Si el Gobierno desclasifica documentos o abre centros de devoluciones, que lo explique también ante el Senado. La bicameralidad no es un adorno de la Constitución.
Ceuta se merecía ministros sentados en agosto. España se merece que el control no se confunda con una segunda campaña electoral disfrazada de procedimiento. Exigir presencia, sí. Convertir el Constitucional en extensión del pleno del miércoles, con cuidado: las instituciones se desgastan cuando solo se usan como arma.