El PP ha puesto el foco en un punto muy sensible del sistema electoral: el voto exterior. Según Europa Press, en Génova temen que un aumento fuerte del censo por las nacionalizaciones vinculadas a la llamada Ley de Nietos pueda mover escaños en las próximas generales. No hablan de “pucherazo”, como sí hace Vox, pero sí deslizan una expresión cargada: “ingeniería electoral”.
El dato de partida no es menor. La disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática abrió una vía para que descendientes de españoles exiliados pudieran optar a la nacionalidad. El PP sostiene que hay millones de solicitudes y que, si una parte importante se traduce en nuevos electores en el exterior, algunos escaños podrían decidirse por márgenes pequeños.
La sospecha permanente también erosiona
Desde una lectura liberal-conservadora, es legítimo pedir reglas claras. El voto exterior debe estar bien censado, bien asignado territorialmente y bien auditado. Si hay dudas sobre cómo se determina la provincia de voto de nuevos nacionales, el Gobierno tiene que explicarlo sin paternalismo y la Junta Electoral debe poder revisar lo que proceda.
Pero una cosa es exigir garantías y otra muy distinta es sembrar la idea de que vivir fuera convierte a millones de españoles en votantes bajo sospecha. Ahí el PP camina por una cuerda fina. Si quiere diferenciarse de Vox, no basta con evitar la palabra “pucherazo”: también debe evitar que su relato acabe sonando a lo mismo con corbata institucional.
El precedente que inquieta a Génova
Europa Press recoge que el PP mira los últimos comicios autonómicos con una mezcla de calculadora y alarma. En Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, los populares ganaron en urna, mientras el PSOE quedó por delante en el voto exterior. En esos casos no cambió el reparto de diputados, pero el argumento de Génova es sencillo: en unas generales apretadas, una circunscripción pequeña puede girar con pocos votos.
Ese razonamiento merece ser escuchado. España tiene un sistema electoral donde la provincia pesa mucho y donde algunos escaños se deciden por distancias ridículas. Fingir que el censo exterior nunca puede ser relevante sería ingenuo. Ahora bien, convertir una posibilidad matemática en una sospecha política contra nuevos ciudadanos sería una irresponsabilidad.
El Gobierno también tiene deberes
Moncloa haría mal en despachar el asunto como una paranoia de la derecha. La mejor forma de desactivar la sospecha no es reírse de ella, sino publicar criterios, datos y controles. Cuántas nacionalidades se han concedido por esta vía, cuántas personas han entrado realmente en el censo electoral, con qué provincia figuran y bajo qué procedimiento. Transparencia, no sermones.
La democracia se protege con urnas abiertas, censos limpios y oposición responsable. Si el PP se queda en pedir garantías, cumple su papel. Si cruza a insinuar que el voto exterior es una maniobra del PSOE sin pruebas sólidas, estará cavando otro túnel de desconfianza bajo el edificio electoral. Y de esos túneles luego cuesta mucho salir.