El Gobierno quiere llevar los Presupuestos de 2027 al Congreso en octubre aunque la calculadora parlamentaria siga enseñando los dientes. Arcadi España, ministro de Hacienda, ha fijado ese mes como un horizonte “razonable” y ha lanzado un aviso a Junts, al PP y al resto de grupos: el Consejo de Ministros puede aprobar el proyecto incluso si vuelve a caerse la senda de estabilidad y el techo de gasto.

La frase no es menor. En política presupuestaria, presentar cuentas sin tener atada la mayoría es como salir al albero con el toro ya mirando de frente. Sirve para marcar iniciativa, para obligar a los socios a retratarse y para decir que el Ejecutivo no acepta vivir eternamente de prórroga. Pero también muestra la debilidad de fondo: el Gobierno puede aprobar papeles en Moncloa; quien decide si hay Presupuestos es el Congreso.

La izquierda necesita enseñar que gobierna

Desde una lectura progresista, el movimiento tiene lógica. El Ejecutivo aprobó el 7 de julio un techo de gasto que Moncloa presentó como el mayor de la historia y lo vinculó a vivienda, becas, dependencia, investigación y lucha contra la violencia machista. Si renuncia a los Presupuestos antes de pelear, regala a la derecha y a Junts el relato de un Gobierno agotado, encerrado en la mera supervivencia.

Ahí está la clave política. Los Presupuestos no son solo una hoja de cálculo. Son la lista de prioridades de un país: cuánto dinero va a servicios públicos, qué margen tienen las comunidades autónomas, qué políticas se quedan en anuncio y cuáles llegan al BOE. Por eso Hacienda insiste en que negociará “con todo el mundo” y pide al PP que aclare si quiere más recursos para las autonomías que gobierna.

Junts vuelve a tener la llave

El problema es que el Gobierno ya ha visto caer la senda de gasto con el rechazo de PP, Vox y Junts. Y cuando Junts se sienta en una votación decisiva, el debate deja de ser solo económico y pasa a ser poder puro: qué obtiene cada actor, qué coste paga ante su electorado y cuánto puede tensar la cuerda sin romperla.

Hacienda habla de “misiones difíciles”. Es una forma elegante de reconocer que el camino será tortuoso: primero hay que cerrar posición dentro de la coalición, después convencer a aliados incómodos y finalmente aguantar una oposición que ve en cada tropiezo presupuestario una prueba de agotamiento.

El riesgo de prometer sin mayoría

El Gobierno tiene derecho a intentarlo. También tiene obligación de explicar qué pasa si no lo consigue. Porque anunciar Presupuestos con grandes objetivos sociales y después no reunir votos puede convertir la política pública en una serie de titulares aplazados. Vivienda, dependencia o becas no se blindan con épica parlamentaria: se blindan con números aprobados.

La lectura más honesta es esta: presentar las cuentas en octubre puede ser un acto de gobierno, pero aprobarlas será una prueba de realidad. Si Junts vuelve a tumbar la senda, si el PP mantiene el no y si los socios pequeños elevan el precio, Moncloa tendrá que decidir entre negociar hasta el límite o admitir que la legislatura funciona a golpes de decreto y resistencia. Y esa no es una forma cómoda de gobernar un país cansado de vivir siempre en el último minuto.

Fuentes y contexto