Mientras el debate público se atraganta con fronteras y comunicados, en la Audiencia Nacional el juez Ismael Moreno sigue otra pista menos fotogénica: el dinero. Según fuentes de la investigación citadas por El Mundo, ha reclamado al PSOE las donaciones recibidas entre 2017 y 2024 y ha pedido al Tribunal de Cuentas el cruce de esas mismas entradas fiscalizadas. El objetivo declarado es contrastar el llamado pitufeo: trocear aportaciones para camuflar pagos opacos en la cuenta de donaciones del partido.
No es un tuit de la oposición. Es una diligencia judicial en una causa de presunta financiación irregular, con la Fiscalía Anticorrupción en el tablero y la UCO de la Guardia Civil analizando ya, según esas mismas fuentes, la documentación entregada por Ferraz y por el Tribunal de Cuentas. La petición al partido, precisan, se formuló antes del verano; Sánchez, en una entrevista en TVE, negó financiación irregular y aseguró que habían facilitado “toda esa información” sobre donaciones.
La sospecha: comisión → donación → caja legal
La hipótesis que investiga el instructor es tosca y peligrosa a la vez. Constructores pagarían al entorno del partido a cambio de amaños en grandes obras; ese dinero negro se disfrazaría de donaciones múltiples; y desde la cuenta de donaciones saltaría a la de funcionamiento —viajes, dietas, día a día— para reentrar en el circuito aparentemente limpio. No es contabilidad creativa de peña de pueblo. Es, si se prueba, blanqueo político de comisiones.
El empresario Víctor de Aldama ha sostenido ese relato ante el Tribunal Supremo y, después, en esta pieza. Según su versión, entre 2019 y 2020 entregó casi 1,8 millones en donaciones; Koldo García le habría dicho que haría “asignaciones” a bastantes personas para fraccionar las aportaciones. Señaló a constructoras como Levantina, Lantania y Azvi en el entorno de contratos del Ministerio de Transportes. Son acusaciones de un testigo interesado: ni sentencia firme ni verdad automática. Pero bastan para que un juez pida el mapa completo de donantes de la era Sánchez y lo cruce con el Tribunal de Cuentas.
Por qué importa el pitufeo
El pitufeo no es un tecnicismo de despacho. Es la forma de convertir un pago gordo e incómodo en una lluvia de aportaciones “ciudadanas”. Si el cruce de datos confirma patrones imposibles —mismos importes, mismas fechas, mismos intermediarios, mismos adjudicatarios de obra pública—, el relato del partido limpio se resquebraja por la caja, no por el mitin.
Sánchez puede decir que ya entregaron papeles. La UCO puede estar peinándolos. El Tribunal de Cuentas puede aportar su fiscalización. Nada de eso cierra el caso: lo abre a una verificación fría. En un país donde cada bando grita “lawfare” cuando le toca, la diligencia de Moreno obliga a una disciplina mínima: o las donaciones cuadran o no cuadran. No hay relato que sustituya al extracto bancario.
La derecha no necesita inventar aquí un melodrama. Basta con no mirar a otro lado. Si el PSOE gobierna mientras su financiación de casi una década se peina en secreto por presunto troceo de comisiones, el estándar no puede ser “ya lo negamos en plató”. El estándar es transparencia forense, cooperación total y consecuencias si el pitufeo deja de ser metáfora y pasa a ser contabilidad probada.
España lleva años discutiendo quién traiciona la frontera. Haría bien en mirar también quién trocea el recibo. Porque la soberanía empieza, también, en no convertir la cuenta de donaciones en lavadora de obra pública.