El Congreso ha decidido que la reforma del Código Penal sobre libertad de expresión siga andando. No es todavía una ley aprobada, ni mucho menos una barra libre para insultar, amenazar o humillar víctimas. Es algo más concreto: la Cámara ha rechazado las enmiendas de texto alternativo de PP y Vox y permite que la proposición impulsada por Sumar continúe su tramitación.
La pelea de fondo es conocida, pero nunca cómoda: cuánto espacio debe ocupar el Código Penal cuando alguien critica a la Corona, ofende sentimientos religiosos, quema simbólicamente una bandera o cruza líneas muy delicadas alrededor del terrorismo. La izquierda lee la reforma como una limpieza democrática de delitos de opinión. La derecha teme que se desprotejan símbolos, instituciones y víctimas. Y en medio queda la pregunta que de verdad importa: si una democracia adulta debe responder a ciertas expresiones con debate público o con amenaza penal.
Qué quiere cambiar la reforma
Según la nota oficial del Congreso, la proposición plantea suprimir los artículos relativos a injurias y calumnias contra la Corona, injurias a instituciones del Estado, ofensas a los sentimientos religiosos, ultrajes a España y sus símbolos, y enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. También modifica agravantes del artículo 22 para incluir motivos como racismo, antisemitismo, ideología, religión, sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, enfermedad, discapacidad o ser víctima del terrorismo.
El texto añade además dos movimientos relevantes: sancionar a autoridades que impongan censura previa o retiren publicaciones fuera de los casos permitidos por la ley, y castigar identificaciones realizadas fuera de los supuestos legales para controlar la participación en actividades políticas, sindicales, religiosas o vinculadas al ejercicio de la libertad ideológica o de expresión.
La libertad no se mide solo cuando gusta lo que se dice
Desde una lectura progresista, el punto fuerte de la reforma es evidente: los símbolos del Estado, la Corona o una religión no deberían tener una especie de chaleco antibalas penal frente a la crítica, la sátira o la protesta. Si una democracia se dice segura de sí misma, tiene que aguantar caricaturas, pancartas feas, canciones incómodas y gestos provocadores sin correr siempre al juzgado.
Eso no significa negar límites. Las amenazas, la incitación directa a la violencia o el acoso real no desaparecen por llamar “expresión” a cualquier cosa. Pero meter en el mismo saco una crítica política hiriente y un daño concreto es una forma bastante eficaz de enfriar el debate público. Y cuando el miedo a una causa penal entra por la puerta, muchas veces la libertad sale por la ventana.
La derecha no se queda sin argumentos
PP y Vox intentaron frenar la iniciativa con textos alternativos. Vox defendía reforzar la protección de símbolos nacionales y planteaba medidas como agravar penas por ofensas a sentimientos religiosos cuando fueran por motivos anticristianos o por ultrajes a España. El PP, según el resumen del Congreso, defendía mantener un equilibrio entre libertad de expresión y protección de otros derechos fundamentales, conservando delitos como injurias a la Corona, ofensas religiosas y ultrajes a símbolos nacionales.
Ahí está el choque político limpio: para la derecha, retirar ciertos tipos penales puede enviar el mensaje de que todo vale contra instituciones y víctimas; para la izquierda, mantenerlos permite usar el Derecho penal como escudo de poder frente a críticas que deberían resolverse en la arena pública. Lo que no conviene hacer es vender el trámite como si la ley ya estuviera cerrada. Ahora entra en ponencia y comisión, donde puede cambiar.
Lo que viene ahora
La reforma sigue viva, pero no está aprobada. Tendrá que pasar por el trabajo parlamentario ordinario y, al tratarse de una proposición de ley orgánica, necesitará el recorrido correspondiente hasta su votación definitiva. La batalla no será técnica, aunque se vista de artículos y apartados. Será política en el sentido más puro: decidir si España quiere una libertad de expresión más parecida a una plaza pública ruidosa o a un pasillo estrecho con policías mirando de reojo.