El Congreso ha vuelto a demostrar que en España hasta el reglamento tiene lectura de precampaña. Este jueves, el Pleno debatió la reforma de las reglas para constituir grupos parlamentarios, una modificación defendida por PSOE, Sumar y socios como una forma de reflejar mejor la pluralidad de la Cámara. PP y Vox, en cambio, lo leyeron como lo que políticamente parece a simple vista: una alfombra para que los aliados del Gobierno tengan más recursos, más tiempo y más altavoz en la próxima legislatura.
La reforma toca el artículo 23 del Reglamento del Congreso. Según el seguimiento de Control Congreso, la propuesta mantiene la vía de los 15 diputados y permite también formar grupo con al menos cinco escaños si se alcanza el 10% de los votos válidos en las circunscripciones donde la candidatura obtuvo representación o el 3% a nivel estatal. Además, incorpora límites para evitar que formaciones que concurrieron juntas se troceen después en grupos separados.
La agenda oficial del Congreso incluía este jueves el dictamen de comisión sobre la reforma del Reglamento dentro de una sesión plenaria extraordinaria. En el debate, según Europa Press y Demócrata, PP y Vox acusaron al PSOE y a Sumar de rebajar los requisitos para premiar a los partidos minoritarios que han sostenido al Ejecutivo y de preparar el terreno por si vuelven a necesitar esos votos tras las próximas elecciones.
Pluralidad o alquiler de escaños
La defensa progresista tiene una parte razonable: el Congreso ya no es un tablero cómodo de dos grandes bloques, y un Grupo Mixto gigantesco puede convertirse en un cajón desastre donde voces distintas compiten por minutos, personal y visibilidad. Si la Cámara representa una España fragmentada, sus reglas también deben saber ordenar esa fragmentación sin convertir a cada minoría en figurante.
Pero la objeción conservadora tampoco sale de la nada. Cambiar las reglas cuando el Gobierno depende justo de fuerzas pequeñas huele, como mínimo, a traje a medida. Y aunque el texto se aplique a la próxima legislatura, la política no se mueve solo por el BOE: se mueve por señales. La señal que recibe cualquier socio parlamentario es bastante clara: apoyar al bloque gubernamental también puede tener recompensa institucional.
El problema no es que ERC, Junts, Bildu, Podemos, BNG o cualquier fuerza con votos suficientes quieran voz propia. El problema es que el Congreso lleva años estirando sus normas según convenga a cada mayoría. Un día son las lenguas cooficiales; otro, el tamaño del Grupo Mixto; mañana, cualquier otro ajuste vendido como modernización. Cuando el reglamento se reforma siempre bajo presión de la aritmética, la sospecha de cambalache viene incorporada de serie.
Lo que se juega no es solo el micrófono
Tener grupo parlamentario no es una medalla simbólica. Da más presencia en debates, iniciativa política, capacidad de enmienda, recursos materiales y autonomía para fijar posición. Por eso la pelea es áspera: no se discute solo quién habla, sino con qué fuerza habla y con qué medios trabaja. En una legislatura donde cada voto vale oro, esos detalles son poder puro.
El PSOE sostiene, según las crónicas parlamentarias, que la reforma no rompe el funcionamiento de la Cámara y corrige una rigidez poco compatible con el pluralismo actual. PP y Vox replican que se fabrican grupos artificiales y que quien quiera grupo debe ganárselo en las urnas, no en una negociación de pasillo. Las dos frases funcionan porque ambas capturan una parte de verdad: España es plural, sí; pero la pluralidad no debería ser una excusa para tunear las reglas al gusto del bloque que manda.
Si la reforma sale adelante, la próxima legislatura arrancará con un Congreso potencialmente más fragmentado, más caro de ordenar y quizá más fiel al mapa electoral real. También con una sospecha difícil de quitar: que el Gobierno actual ha entendido la gramática profunda de la política española, donde muchas veces no gana quien convence a más ciudadanos, sino quien mejor reparte oxígeno parlamentario entre quienes pueden salvarle una votación.