El martes 30 de junio se cerró el plazo de la regularización extraordinaria de migrantes, y el resultado cabe en una cifra difícil de esquivar: más de un millón de personas han pasado por ventanilla. El País eleva el recuento por encima de 1,3 millones de solicitudes, cerca de 1,4 millones registradas en la plataforma Mercurio. Detrás de cada expediente hay una persona concreta que llevaba tiempo esperando poder salir de la economía sumergida.
La foto es la de un país que, durante años, ha sostenido buena parte de sus cocinas, sus obras, sus campos y sus cuidados sobre gente sin papeles. Regularizar significa, en la práctica, convertir ese trabajo invisible en algo con nombre y apellidos: un contrato, una nómina, una cotización, un derecho. Esa es, editorialmente, la lectura que merece la pena subrayar frente al griterío.
Una carrera contra el reloj administrativo
El Gobierno quiere agilizar los expedientes cuanto antes, y no lo hace en el vacío. Sobre la mesa pesa la decisión del Tribunal Supremo, que valora si plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para dilucidar si la medida encaja con la normativa europea. La duda jurídica, conviene decirlo sin rodeos, sigue abierta.
Mientras tanto, según informa ABC, el Ejecutivo busca que el mayor número posible de solicitantes obtenga una autorización provisional antes del 7 de julio. Esa autorización, de acuerdo con las fuentes consultadas por ese diario, permite residir y trabajar mientras el permiso deviene definitivo. Dicho de otro modo: sirve para que la vida no se detenga mientras los tribunales deliberan.
No es un detalle menor ni un tecnicismo de despacho. Para quien lleva años atrapado en la irregularidad, la diferencia entre un papel provisional y la nada es la diferencia entre poder firmar un alquiler o seguir escondido del sistema.
La economía real, por debajo del ruido
Aquí es donde el debate cambia de tono. El País recoge que tanto Funcas como el Banco de España atribuyen a la migración una parte nada anecdótica del crecimiento reciente: en torno al 47% del avance acumulado del PIB entre 2022 y 2025, y de entre el 14% y el 24% del crecimiento per cápita en un periodo similar. Traducido a román paladino: sin esas manos, los números macroeconómicos serían bastante más pobres.
La patronal lo sabe. El mismo diario cita al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, hablando de vacantes sin cubrir y de la necesidad de trabajadores. Los sindicatos, CCOO y UGT, empujan en una dirección complementaria: sí a la regularización, pero con gestión, con derechos laborales y con cortafuegos contra la explotación. Que patronal y sindicatos coincidan en lo esencial no es lo habitual, y precisamente por eso dice tanto.
Conviene, eso sí, no vender humo. Que la economía necesite trabajadores no garantiza que las condiciones vayan a ser dignas por arte de magia. Ahí es donde la insistencia sindical en los derechos deja de ser un adorno y se convierte en el corazón del asunto.
Un plan con dinero detrás
El Ejecutivo no se ha quedado en el gesto simbólico. Ha presentado un Plan de Integración y Ciudadanía dotado con 505 millones de euros para 2026. Según detalla Público, el plan se articula en torno a varios ejes —empleo, formación profesional, aprendizaje de lenguas y acceso a servicios públicos— y contempla la creación de una Agencia Estatal de Movilidad Humana.
La lógica es sencilla y, a la vez, ambiciosa: regularizar no puede quedarse en entregar un documento y desentenderse. Si de verdad se quiere que estas personas coticen, aprendan el idioma, se formen y usen la sanidad y la escuela como cualquier otro vecino, hace falta estructura y presupuesto detrás. Sin eso, el papel corre el riesgo de quedarse en papel mojado.
La incógnita que no se puede maquillar
Nada de esto está cerrado del todo. Público recuerda que el Supremo ya rechazó medidas cautelares previas, algo que el Gobierno lee como una señal favorable, pero el propio tribunal mantiene sobre la mesa la posibilidad de elevar la pregunta al TJUE. Hasta que no se despeje esa incógnita, cantar victoria sería, como mínimo, precipitado.
Tampoco conviene prometer lo que no se puede cumplir: presentar una solicitud no equivale a obtenerla. Más de un millón de expedientes son más de un millón de trámites que alguien tiene que revisar uno a uno, y no todos terminarán con un sí.
Con todo, el simple desplazamiento del foco ya es, en sí mismo, una noticia. Durante demasiado tiempo la inmigración se ha discutido como amenaza y como munición de campaña —esto es una valoración—, mientras los datos contaban otra historia mucho más aburrida y mucho más cierta: hacen falta, trabajan, sostienen. Que la conversación salte por fin del ruido político a la economía real y a los derechos no arregla los problemas de gestión ni despeja la duda judicial. Pero coloca el asunto donde siempre debió estar: en más de un millón de vidas que llevan demasiado tiempo esperando en ventanilla.