Hay noticias que llegan envueltas en ruido de guerra política y, cuando las abres, dentro hay un trámite. El de este viernes es de esos. Margarita Robles ha firmado el ascenso a coronel de Antonio Balas y, a la vez, su permanencia al frente del departamento anticorrupción de la UCO de la Guardia Civil. No se va. No hoy.
El matiz importa, porque en Madrid todo el mundo quería convertir este papel en una batalla de Estado. Unos, para vender que el Gobierno “premia” al investigador incómodo. Otros, para vender que lo “aparta” con un ascenso tramposo. La documentación que adelantan RTVE, ABC y The Objective apunta a algo menos cinematográfico y más administrativo: Balas sube de teniente coronel a coronel y se queda en la unidad en comisión de servicio no indemnizable.
La fórmula no es poesía. El cese de esa comisión, según el texto reproducido por varios medios, llegará cuando desaparezcan las causas que la motivan, entre un adjudicatario de la vacante, obtenga otro destino o se cumpla el plazo máximo. Traducción para el metro: puede seguir el tiempo que haga falta para no romper en seco las pesquisas, pero no es un asiento de por vida.
Y aquí viene la parte que la bronca suele borrar. En julio, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, y la Fiscalía Anticorrupción pidieron que Balas permaneciera entre los agentes de la causa aunque ascendiera. The Objective añade que Anticorrupción reclamó su continuidad “por el tiempo que sea necesario” y que el propio mando pidió acabar su misión. Robles firma en septiembre lo que el circuito judicial ya había puesto por escrito en verano.
Balas dirige el área de investigación económica y anticorrupción de la UCO. Bajo ese paraguas han caminado, según el relato coincidente de RTVE y otros medios, piezas que tocan al PSOE y al entorno del presidente: el caso Koldo/Ábalos, la causa de Santos Cerdán, la presunta trama de Leire Díez y pesquisas que afectan a familiares de Pedro Sánchez. También los informes que sustentaron la causa del exfiscal general Álvaro García Ortiz. Nada de eso convierte un ascenso en veredicto. Son investigaciones y, en algún caso, condenas ya dictadas; no un carné de caza política.
El dato de carrera también desinfla el melodrama. The Objective sitúa a Balas en el sexto puesto de un proceso con más de cuarenta aspirantes. No hay, además, vacante automática de coronel en la estructura de la unidad: de ahí la comisión temporal. Quien transforme eso en “golpe de moncloa” o en “blindaje heroico” está haciendo política con una plantilla de personal.
La izquierda sensata debería decir una cosa sencilla: si un juez y Anticorrupción piden continuidad técnica, el Ejecutivo que firma el ascenso y la comisión no está inventando un favor; está evitando un agujero operativo en causas vivas. La derecha tiene derecho a vigilar. No a convertir cada BOE de Defensa en prueba de delito.
Porque el riesgo real no es que Balas se quede unas semanas más con sus carpetas. El riesgo es que la política española solo sepa leer la Guardia Civil en clave de trinchera: o “policía patriótica” o “policía del régimen”. Un Estado adulto necesita otra gramática. Investigaciones con juez, fiscal y papeles. Sin hinchar el pecho ni vaciar de sentido la comisión de servicio.
Balas sigue. Las causas siguen. Y el resto, de momento, es narrativa. Cuando haya hechos nuevos —destinos, ceses, autos, juicios— se contarán. Hasta entonces, conviene no fabricar un golpe de Estado con un nombramiento.