RTVE y los 940 millones: servicio público sí, cheque en blanco no

RTVE vuelve a enseñar una de esas facturas que la política prefiere envolver en lenguaje técnico. La SEPI defiende el real decreto aprobado por el Gobierno para evitar un posible quebranto de unos 940 millones de euros en la corporación pública, según publicó Economía Digital. La clave está en considerar determinados impuestos no deducibles como coste del servicio público audiovisual estatal, de forma que puedan ser compensados por el Estado.

Traducido a castellano de calle: si el esquema sale adelante, una parte muy relevante del problema fiscal de RTVE no quedaría como un agujero de la empresa, sino como una carga ligada al servicio público que presta. El Gobierno sostiene que no se trata de rescatar pérdidas de gestión, sino de proteger la continuidad de la radiotelevisión pública frente a procedimientos tributarios abiertos. La oposición, en cambio, lo lee como una forma de tapar por decreto una factura que debería explicarse con más luz.

El asunto ya pasó por el Congreso con bronca. Europa Press contó que el Gobierno defendió la norma sobre los impuestos no deducibles de RTVE, mientras PP, Vox y Junts la rechazaron y la calificaron de “chapuza”. El dato político no es menor: Junts, socio imprescindible en tantas votaciones, se alineó con la derecha y dejó al Ejecutivo sin un salvavidas parlamentario cómodo. Otra vez, la legislatura se decide en un cruce entre Hacienda, socios incómodos y una institución pública que arrastra demasiadas sospechas de uso partidista.

Desde una lectura liberal-conservadora, el problema no es que exista una televisión pública. El problema es pedir confianza ciega cuando se habla de cientos de millones. Si RTVE presta un servicio público, el coste debe estar claro, auditado y contado sin trucos. Si hay una controversia tributaria, se explica. Si existe riesgo patrimonial, se cuantifica. Y si el contribuyente acaba cubriendo la factura, el contribuyente tiene derecho a saber exactamente qué está pagando y por qué.

También conviene no hacer demagogia barata. Un procedimiento fiscal no prueba por sí solo mala gestión, corrupción ni manipulación informativa. Y el debate sobre el servicio público audiovisual es legítimo: información, cohesión territorial, producción cultural y cobertura institucional tienen un coste. La cuestión es si ese coste se financia con reglas previsibles o si se parchea cada vez que el edificio contable amenaza con crujir.

La SEPI, según la información publicada, sostiene que el real decreto evitaría que RTVE sufriera un quebranto económico incluso en caso de sentencias desfavorables. Esa frase debería activar todas las alarmas democráticas, no porque sea necesariamente falsa, sino porque coloca una decisión política enorme dentro de una ingeniería jurídica difícil de seguir para el ciudadano medio.

RTVE no puede ser a la vez servicio público intocable, campo de batalla partidista y agujero contable opaco. Si Moncloa quiere defenderla, debe hacerlo con números limpios. Si PP, Vox y Junts quieren tumbar el decreto, deben explicar qué alternativa proponen para no dejar la corporación en el aire. Lo que no sirve es usar 940 millones como munición de tertulia y luego esconder la calculadora cuando toca gobernar.