El Congreso trabaja este sábado en una de esas piezas que no levantan pasiones en la barra del bar, pero que luego condicionan lo que millones de personas ven, oyen y dan por normal: el mandato-marco de RTVE. La agenda oficial de la Cámara incluye una sesión extraordinaria de la subcomisión encargada de redactar la propuesta para la Corporación pública, prevista en la Ley 17/2006.

Dicho en cristiano: las Cortes deben fijar las grandes reglas del servicio público de radio y televisión. No se trata de elegir una cortinilla ni de discutir un programa concreto. Se trata de marcar objetivos, límites, obligaciones y sentido democrático para una empresa pública que informa, entretiene, educa y también se convierte, demasiadas veces, en campo de batalla partidista.

RTVE no es un botín, aunque algunos la traten como tal

La Ley 17/2006 establece que las Cortes Generales aprobarán mandatos-marco para concretar los objetivos generales de la función de servicio público de RTVE. El mandato actualmente referenciado en el BOE nació para definir esa misión: calidad, pluralismo, acceso de la ciudadanía, cohesión social y atención a la producción española y europea. Suena solemne, sí. Pero detrás hay una pregunta bastante sencilla: ¿la televisión pública sirve a la gente o al partido que más manda en cada momento?

La respuesta no debería depender de quién esté en La Moncloa. La izquierda haría mal en defender RTVE solo cuando cree que le viene bien. La derecha haría mal en pedir independencia solo cuando está fuera del Gobierno. Y los socios parlamentarios harían mal en convertir cada negociación en una subasta de cuotas, sensibilidades y vetos cruzados. Un medio público fuerte necesita control democrático; un medio público capturado necesita excusas.

El control parlamentario puede ser vacuna o coartada

La existencia de una subcomisión es buena noticia si sirve para discutir reglas estables, transparencia, independencia editorial, financiación suficiente y rendición de cuentas. Es mala noticia si acaba siendo una sala de reparto donde cada grupo intenta blindar su trozo de relato. El problema de RTVE no es solo quién nombra a quién, sino qué incentivos tiene después esa estructura para resistir presiones.

Un mandato-marco útil debería hablar menos en abstracto y más claro. Cómo se protege a los informativos de interferencias. Cómo se mide el pluralismo sin convertirlo en cronómetro absurdo. Cómo se garantiza presencia territorial sin hacer propaganda autonómica. Cómo se cuida el archivo, la producción cultural, la accesibilidad, la lengua y la información para jóvenes que ya no esperan al telediario de las nueve.

La batalla de fondo: confianza

España discute mucho sobre RTVE, pero casi siempre tarde y a gritos. Cuando gobierna uno, el otro sospecha. Cuando cambia la mayoría, cambian los papeles. Esa rueda no construye confianza; la desgasta. Y sin confianza, la televisión pública se vuelve una diana perfecta: unos la llaman aparato, otros la usan como refugio, casi nadie se sienta a pensar qué servicio público necesita el país en 2026.

Por eso esta reunión importa aunque parezca pequeña. Porque el mandato de RTVE debería ser una especie de contrato con la ciudadanía, no un pacto de supervivencia entre partidos. Si la subcomisión consigue reglas más claras, mejor. Si solo produce lenguaje bonito para tapar cuotas, será otra oportunidad perdida. Y en un país saturado de ruido, perder una televisión pública independiente no es un detalle: es regalar más terreno a la desconfianza.