Mientras la política española se pelea a gritos por Ceuta, los mercados han hecho otra cosa más fría: Scope Ratings ha subido la nota de la deuda soberana española hasta A+ con perspectiva estable. Un escalón por debajo del AA- francés, sí. Pero con un detalle que molesta a quien vive de la épica: la prima española sigue por debajo de la francesa.

No es un aplauso al BOE del día. Es una lectura de números. España ha sido de las economías que más crecen en la zona euro, con empleo y algo más de productividad. La deuda pública cerró 2025 en el 100,7% del PIB, mejor que el 101,4% del plan fiscal. El Gobierno apunta al 99,3% este año: volver bajo el 100% por primera vez desde 2019.

Hay más carne contable. En 2025 España registró su primer superávit primario en 18 años: las cuentas cuadran antes de pagar intereses. Desde el pico de 2021, la ratio de deuda ha bajado casi 26 puntos de PIB. El déficit ha mejorado 7,5 puntos desde el 9,9% de 2020, según los datos que el Ejecutivo pone encima de la mesa.

Los inversores no son tontos ni militantes. En mayo, un bono a diez años del Tesoro recibió peticiones por 138.000 millones, más de diez veces lo colocado. En septiembre, el bono verde a 20 años pidió unos 68.000 millones, alrededor de 17 veces la emisión, sin prima de salida y con mucho papel institucional. Eso no lo fabrica un mitin.

El coste medio de la cartera del Tesoro ronda el 2,43%, lejos del 4,07% de 2011. La vida media se acerca a ocho años y solo un 13,5% se repreciar cada año. Traducción práctica: aunque los tipos duelan, el golpe llega a plazos. La carga financiera de las AAPP cerró 2025 en el 2,39% del PIB.

Desde la derecha liberal conviene decirlo sin perfume: el rating no absuelve el gasto clientelar ni convierte cada anuncio en “inversión social”. Un A+ con deuda aún cerca del 100% es un respiro, no un talonario. Si el Gobierno usa la mejora para abrir otra manguera de promesas, el mercado cobrará después, con menos poesía y más spread.

Tampoco es un veredicto moral sobre la crisis de frontera. Scope mira crecimiento, demanda interna, trayectoria fiscal y acceso a financiación. No arbitra si Marlaska acertó o si Feijóo grita más alto. Quien confunda un upgrade con un aval político está vendiendo humo en ambos bandos.

La comparación con Francia debería servir de aviso, no de selfie. España se ha acercado en nota y, en el día a día del mercado, paga menos que París por su deuda. Eso premia previsibilidad relativa y castiga el ruido institucional cuando se vuelve crónico. La lección no es “todo va bien”: es que la credibilidad se construye con cuentas, no con consignas.

Queda lo de siempre. Otras grandes agencias aún no han movido ficha al unísono. El tablero geopolítico sigue caro. Y una economía que crece puede dilapidar el margen si confunde rating con permiso para endeudarse otra década. El mercado acaba de poner un sobresaliente condicional. El examen, por desgracia, no ha terminado.