El BOE ha puesto negro sobre blanco una de esas verdades incómodas que la política prefiere contar bajito: los partidos también viven de dinero público, y mucho. Las formaciones con representación en el Congreso han recibido en el segundo trimestre nuevas subvenciones estatales para funcionamiento ordinario y seguridad. Según Europa Press, el total percibido hasta junio roza ya los 28 millones de euros.
No hay sorpresa jurídica: la financiación está prevista en la Ley Orgánica de Financiación de Partidos y se reparte con criterios ligados a escaños y votos. La cuestión política es otra. En un país donde cada semana se discute si hay dinero para vivienda, dependencia, médicos o jueces, conviene mirar también cuánto cuesta mantener la maquinaria partidista que luego pide sacrificios al resto.
El reparto que casi nunca sale en los mítines
La resolución del BOE sobre funcionamiento ordinario detalla pagos del segundo trimestre: el PP figura con 4.720.921,38 euros; el PSOE, con 3.707.745,72; Vox, con 1.538.545,98; y la coalición Sumar aparece desglosada entre sus partidos, con cantidades para Movimiento Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Catalunya en Comú, Más Madrid, Compromís, Verdes Equo y otras formaciones del espacio.
El mismo día, Interior publicó otra resolución para gastos de seguridad. Ahí el PP aparece con 242.405,19 euros en el trimestre, el PSOE con 190.381,65, Vox con 78.999,75 y el PSC con 35.309,37, además del reparto correspondiente a Sumar y a partidos nacionalistas y regionalistas como ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria y UPN.
Dicho con claridad: no estamos ante sobres secretos ni ante una trama. Está en el BOE. Precisamente por eso debería formar parte de una conversación adulta sobre el coste del sistema político. Porque la transparencia no consiste solo en publicar PDFs; consiste en que el ciudadano entienda qué se paga, cuánto se paga y qué recibe a cambio.
Legal no siempre significa incuestionable
La defensa habitual es sencilla: sin financiación pública, los partidos dependerían más de donantes privados, bancos o intereses opacos. Ese argumento tiene peso. Una democracia necesita organizaciones capaces de competir, hacer campaña, pagar sedes, sostener equipos y proteger a sus cargos cuando hay amenazas reales.
Pero también hay una pregunta legítima desde una mirada liberal y exigente con el gasto: ¿dónde está el incentivo para adelgazar estructuras, fusionar chiringuitos internos o rendir cuentas de verdad si el dinero llega de forma periódica por haber obtenido representación? El sistema premia el tamaño parlamentario y garantiza oxígeno a las cúpulas. Lo que no garantiza por sí solo es utilidad pública.
El detalle de Sumar es especialmente gráfico. La subvención aparece repartida entre una constelación de siglas que concurrieron juntas y luego han vivido tensiones internas. No es ilegal. Pero para cualquier contribuyente que mira la nómina, el alquiler y la cesta de la compra, la escena resulta difícil de vender: partidos peleándose por el relato mientras el Estado sigue abonando la factura de su ecosistema.
La factura democrática también se audita
El debate serio no debería ser “partidos sí” o “partidos no”. Debería ser qué nivel de financiación es razonable, con qué controles, con qué auditorías comprensibles y con qué consecuencias cuando una organización se convierte en una marca vacía, una oficina de colocación o un aparato para bloquear instituciones.
Porque el dinero público no se vuelve sagrado por pasar por el BOE. Si se exige eficiencia a un hospital, a una universidad o a un ayuntamiento, también puede exigirse a los partidos. Y quizá ahí está la parte que menos gusta en Génova, Ferraz y alrededores: la democracia cuesta dinero, sí; pero no debería dar barra libre a quienes viven de administrarla.