Hay rupturas de coalición que se anuncian con tambor. Esta llega con un gesto frío de hemiciclo: Sumar votará por primera vez en contra de un real decreto ley de un Gobierno del que forma parte. La norma es la regulación de lobbies que salió del Consejo de Ministros, que Pedro Sánchez comprometió con la Unión Europea y que el Ejecutivo enmarca en su Plan de Acción por la Democracia.
No es un adorno ético. Según fuentes recogidas por El Mundo, de esa medida depende una partida de fondos comunitarios que algunas estimaciones sitúan por encima de los mil millones de euros. Es decir: transparencia de despacho… y cheque europeo en la misma bandeja.
El “no” de Sumar y el vacío de votos
La razón oficial del socio minoritario es de manual sindical: rechazan que los sindicatos se consideren grupos de interés al mismo nivel que consultoras y sectores que buscan beneficio económico. El diputado Carlos Martín lo dijo desde la tribuna: se ha cometido un “gravísimo error”, un “dislate” al no proteger la tarea constitucional de los sindicatos.
El malestar no es solo doctrinal. El voto de Sumar ha pasado en horas de la abstención al no, con bronca añadida por la negociación del PSOE y del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública de Óscar López, departamento motor del decreto.
López intentó apagar el incendio en el Congreso: el diálogo social, dijo, “obviamente” queda fuera de la regulación de lobbies. Y ofreció un parche de calendario: si el decreto sale adelante, el Gobierno promulgará antes de que acabe octubre otra norma “aclaratoria” para reforzar esa exclusión. Traducción parlamentaria: primero aprueben, luego ya retocamos.
Junts ya ha dicho que no apoyará el texto. El PNV deja el voto en el aire y pide “menos densidad normativa” y “más realismo”. Sin Sumar y sin Junts, los números del PP deciden si el Gobierno encaja otra derrota con un decreto salido de su propia mesa.
Lo que dice la norma… y lo que no arregla el parche
El decreto define quién es lobby, qué cuenta como actividad de influencia y quién puede recibirla —personal y cargos públicos—. Crea un registro estatal de grupos de interés con inscripción obligatoria. Asociaciones y consultoras ya se han ido apuntando al registro abierto el 4 de septiembre; buena parte de la gran empresa y de la banca del Ibex, según la propia cobertura, aún no.
El personal público susceptible de influencia deberá informar de reuniones y contactos. López vende “control democrático” y reta a la oposición a votar en contra de que el Gobierno se controle a sí mismo. Bonito eslogan. Menos bonito es que el proyecto de ley que se negociaba en el Congreso sí excluía a los sindicatos de esa consideración… y el decreto no es idéntico a aquel texto.
Marco de derecha: gobernar no es chantajear al BOE
Desde este lado del hemiciclo el episodio enseña tres cosas a la vez. Primera: la coalición no solo pelea por vivienda o fronteras; se parte también en la fontanería del Estado, esa que Bruselas mira con lupa. Segunda: el Gobierno convierte en real decreto lo que no es capaz de hilar como ley consensuada y luego ofrece un segundo decreto-parche para retener al socio. Tercera: si Sumar puede torcer el brazo del Ejecutivo en el primer “no” a un RDL propio, el mensaje para el resto de socios es obvio — la minoría mandante se cobra en cada votación.
Regulación de lobbies, sí. Luz sobre quién entra en los despachos, sí. Lo que no cuela es presentar como gran higiene democrática un texto que el propio socio de Gobierno tacha de dislate, que Junts descarta, que el PNV pide rehacer y que deja al PP de árbitro de la convalidación. Si hay mil millones europeos en juego, la pregunta no es si Sumar quiere mimos sindicales. Es por qué un Ejecutivo en minoría pone fondos y credibilidad institucional en un decreto que no tiene los votos contados.
España no necesita menos control de la influencia. Necesita un Gobierno que no confunda el BOE con un campo de minas de coalición. Hoy el minador es Sumar. Mañana puede ser cualquiera. Y el reloj de Bruselas, a diferencia del de Moncloa, no entra en la rueda de prensa.