El Tribunal Supremo ha archivado la denuncia del general de División de la Guardia Civil Fernando Mora contra un superior por la orden que recibió de no acudir al acto del Dos de Mayo de 2025 presidido por Isabel Díaz Ayuso. La noticia tiene todos los ingredientes para alimentar una guerra cultural: uniformes, Madrid, Interior, Ayuso y sospecha de uso político de las instituciones. Pero el auto de la Sala de lo Militar, según la información de Europa Press, enfría el relato penal: no ve delito.
La denuncia iba dirigida contra el teniente general Luis del Castillo y mencionaba presuntos delitos de abuso de autoridad, trato degradante y humillante, amenazas, coacciones, injurias y calumnias. Los magistrados rechazan esa lectura. Consideran que el superior se limitó a comunicar una orden recibida y que lo ocurrido no alcanza relevancia penal.
Una bronca no siempre es un delito
El detalle más humano, y más revelador, está en la llamada. Según Europa Press, el Supremo subraya que Mora llamó a su superior y decidió grabar la conversación poniendo el teléfono en manos libres y registrándola con el móvil de su esposa. En esa conversación, el tribunal aprecia expresiones fuera de lugar y admite que algunas palabras del teniente general podían ser “groseras, chabacanas y soeces”. Pero las encuadra en un trato de compañeros y en un ambiente de confianza, no en una conducta delictiva.
Esto no convierte la escena en elegante. Tampoco convierte automáticamente al Ministerio del Interior en víctima de una conspiración. Lo que hace el Supremo es bastante más concreto: separar una bronca fea, una orden discutible o un choque institucional de una acusación penal que exige base sólida.
La política quería otro titular
El caso había servido para apuntalar una tesis de la derecha: que mandos de la Guardia Civil habrían sufrido presiones políticas por el contexto madrileño. El PP llegó a anunciar que obligaría a comparecer a Marlaska y a la directora de la Guardia Civil por presuntas presiones a mandos de la Benemérita. Ese marco seguirá circulando, porque la política no tira una munición solo porque un tribunal archive una pieza. Pero el archivo complica venderlo como prueba cerrada de delito.
La izquierda haría mal en celebrar esto como si todo quedara resuelto por arte de auto judicial. Las instituciones armadas y de seguridad necesitan neutralidad, claridad jerárquica y órdenes que no parezcan calculadas para evitar fotos incómodas. Pero también conviene recordar algo básico: judicializar cada roce administrativo hasta convertirlo en escándalo nacional degrada el debate y acaba usando a los tribunales como máquina de propaganda.
El año de espera también pesa
Los magistrados llamaron la atención sobre el calendario: los hechos ocurrieron el 30 de abril de 2025 y la denuncia se presentó el 22 de junio de 2026, más de un año después. Ese dato no basta por sí solo para cerrar ninguna discusión política, pero sí ayuda a entender por qué la Sala ve el asunto con cautela.
Al final, el archivo deja una lección incómoda para todos. Para el Gobierno, que debe evitar que las órdenes internas en cuerpos sensibles parezcan movimientos de tablero partidista. Para la oposición, que no puede transformar cada conflicto jerárquico en una acusación penal de alto voltaje sin que los hechos aguanten. Y para el lector, que merece saber dónde termina la bronca institucional y dónde empieza realmente un delito.