El Supremo pide las cuentas de Alvise: el anti-sistema también tiene que enseñar facturas

El Tribunal Supremo ha puesto el foco donde casi nunca quieren mirar los proyectos políticos que viven de la épica anti-sistema: las cuentas. Según publica elDiario.es, con información de Europa Press, el magistrado instructor Julián Sánchez Melgar ha reclamado a Se Acabó la Fiesta (SALF), la agrupación con la que Luis “Alvise” Pérez fue elegido eurodiputado, documentación contable y movimientos bancarios dentro de una causa por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de partidos.

Conviene decirlo despacio: reclamar cuentas no equivale a condenar a nadie. La investigación sigue abierta y las personas afectadas conservan todos sus derechos. Pero políticamente la diligencia pesa, porque toca el nervio central de cualquier campaña: quién paga, cómo paga y con qué rastro documental.

Qué ha pedido el Supremo

La información señala que el juez reclama a SALF contabilidad, libros de tesorería, balances, inventarios, cuenta de ingresos y gastos, movimientos de cuentas, operaciones de capital, el informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización y justificantes de pagos para sostener la campaña de las europeas de 2024. También pide a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional un informe sobre el tráfico de wallets creadas por los investigados.

El contexto inmediato está en los 100.000 euros que, según la pieza citada por el medio, entregó a Alvise el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, también investigado. Ese dato no prueba por sí solo una financiación ilegal, pero sí explica por qué el juzgado quiere reconstruir el circuito del dinero. En democracia, la contabilidad electoral no es un trámite aburrido: es el cinturón de seguridad que evita que una campaña sea una caja negra.

El anti-sistema también tiene que enseñar papeles

La lectura desde una derecha institucional debería ser bastante sencilla: la crítica al bipartidismo, a los partidos tradicionales o a “la casta” no exime a nadie de cumplir las reglas. Al contrario. Quien promete limpiar la política tiene que aceptar más luz, no menos. Si una formación nace denunciando opacidad ajena, lo mínimo es que su financiación aguante una auditoría sin convertir cada requerimiento judicial en una conspiración.

Esto es especialmente importante en proyectos que han crecido a golpe de redes, comunidades digitales y mensajes de ruptura. Internet puede servir para movilizar votantes, recaudar apoyo y romper monopolios mediáticos. Perfecto. Pero cuando entran campañas electorales, donaciones, pagos, wallets y estructuras políticas, el romanticismo digital se acaba y empieza la contabilidad.

El Tribunal de Cuentas aparece también en la ecuación. El Supremo le pide que aporte documentación sobre la fiscalización de SALF en las europeas. Esa parte es clave porque sitúa el caso en un terreno menos teatral que los vídeos virales: balances, ingresos, gastos y justificantes. La política puede ser emocional; la financiación no debería serlo.

Sin atajos ni linchamientos

El riesgo de estas noticias es doble. Unos querrán convertir el requerimiento en sentencia antes de tiempo. Otros intentarán vender cualquier pregunta judicial como persecución. Ninguna de las dos cosas ayuda. Lo serio es esperar a que la investigación avance, exigir transparencia y separar tres planos: la responsabilidad penal, que decidirá la Justicia; la responsabilidad administrativa o electoral, que corresponde a los órganos de control; y la responsabilidad política, que empieza mucho antes de una condena.

Porque ahí está la cuestión. Una candidatura que entró en Bruselas con discurso de castigo al sistema no puede pedir trato de excepción cuando el sistema le pregunta por sus libros. Si todo está en regla, enseñarlo debería ser la mejor defensa. Si no lo está, el problema no será el juez ni el periodista que lo cuenta. Será haber confundido indignación con patente de corso.

España necesita más competencia política, no menos. También necesita que los nuevos actores no reproduzcan, con estética de Telegram y criptomonedas, los vicios que dicen combatir. La transparencia no es una manía de burócratas: es lo que permite al votante saber si detrás de un eslogan hay un proyecto limpio o solo otra máquina de ruido.