El Supremo no ha escrito un manifiesto. Ha escrito un freno. La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo estima la medida cautelar pedida por Iustitia Europa y Vox y suspende, de forma provisional, los efectos electorales de las altas en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) ligadas a la llamada ley de nietos. El Mundo lo resume con claridad quirúrgica: los trámites de la norma pueden seguir, pero el derecho a voto queda en suspenso. Fiscalía y Abogacía del Estado se oponían. Han perdido el pulso cautelar.

No hace falta gritar «pucherazo» para entender por qué esto importa. Si el censo se hincha y luego se vota, el secreto del sufragio impide deshacer el resultado voto a voto. Eso es exactamente el argumento que llevaron los recurrentes a la vista del lunes, según ABC: daño irreversible, comicios a la vista y un sistema que, a su juicio, iba a toda máquina. Hablaron de unas 29.000 altas en sesenta días cuando se esperaban entre 10.000 y 16.000 al mes. Y de un total de más de 400.000 incorporaciones desde 2023. Son cifras de parte, sí. También son la foto que el Gobierno no ha conseguido normalizar.

La ley de nietos nació como reparación histórica dentro de la Memoria Democrática. El problema no es el apellido de la causa. El problema es la ingeniería práctica: instrucciones amplias, presunción de exilio muy generosa y una Junta Electoral Central a la que los recurrentes acusan de mirar para otro lado. El ejemplo de Murtas que citó Iustitia ante el Supremo —un pueblo de unos 330 vecinos con más de mil electores en el CERA— no es un chiste de bar. Es una anomalía que obliga a preguntar quién controla qué.

20minutos añade un matiz importante del auto: la inscripción censal queda condicionada a acreditar el vínculo con el exilio político. O sea, no basta con el atajo administrativo. Eso no revoca nacionalidades ni cierra el debate de fondo. Pero sí dice algo muy español y muy de 2026: cuando el Ejecutivo juega con el censo a meses de votar, el contencioso llega antes que el relato.

Desde la derecha seria la lectura es simple. La nacionalidad es un vínculo serio; el censo, más todavía. Reparar memorias no autoriza a fabricar electores a granel sin filtros. Feijóo llevaba días advirtiendo de que se tocaba el censo cerca de las urnas. Hoy el Supremo, sin prejuzgar el fondo, le da la razón en lo urgente: primero parar el reloj, luego discutir el manual. Si el Gobierno confía en su norma, que la defienda en el plenario con datos, no con prisa censal.

Fuentes y contexto