El primer amparo de la amnistía que verá el Tribunal Constitucional no llega con perfume de reconciliación. Llega con una ponencia que, si prosperara, dejaría la malversación del procés fuera del perdón. El magistrado José María Macías propone desestimar el recurso de Jordi Turull y dice, con toda la calma del mundo, que la lectura del Supremo no fue «ilógica, arbitraria ni errónea».

Traducción para quien no vive en el BOE: el Constitucional tiene encima la mesa la llave que abre —o cierra— la amnistía de varios líderes del 1-O. Y el primer texto que circula no abre la puerta. La cierra con pestillo jurídico.

Qué se discute de verdad

Turull recurrió la negativa de la Sala Segunda del Supremo a amnistiar la inhabilitación que todavía le pesa para cargo público. Su argumento de fondo es de manual de derechos: que el alto tribunal retorció la ley de amnistía, hizo una lectura imprevisible y contra reo, y vulneró la tutela judicial efectiva.

Macías contesta lo contrario. Según el borrador al que ha tenido acceso la prensa, la decisión del Supremo «se enmarca dentro de los márgenes de previsibilidad y del canon de razonabilidad» que cabe exigir a un tribunal ordinario cuando interpreta una ley de las Cortes. No habría, dice, exégesis caprichosa.

El núcleo del choque no es un tecnicismo inocente. Es si desviar fondos públicos para financiar un referéndum ilegal cuenta como beneficio patrimonial —aunque no haya un sobre en el bolsillo— porque se evitó pagar el coste del proyecto con patrimonio propio. El ponente sostiene que sí hubo ese beneficio y que eso justifica excluir la amnistía.

La política detrás del auto

Quien quiera vender esto como un debate de filigrana procesal miente por omisión. Turull es secretario general de Junts. Su caso es el primero del lote. Y el Supremo ya ha dejado claro, según fuentes jurídicas recogidas por varios medios, que mirará de reojo lo que diga el Constitucional sobre Turull antes de mover ficha sobre Carles Puigdemont.

Es decir: lo que pase el 22 de septiembre no es un trámite de un exconsejero. Es la plantilla. Si el TC avala la exclusión de la malversación en estos términos, la amnistía parlamentaria se queda coja justo donde más duele a quienes negociaron la ley para desjudicializar el conflicto catalán. Si lo tumba, el Supremo tendrá que explicar por qué mantiene un criterio que la corte de garantías considera incompatible con la norma.

Mayoría, minoría y el reloj de 2027

ABC señala que la ponencia de Macías previsiblemente será rechazada por la mayoría que lidera el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido. Eso no es un detalle de pasillo: es el mapa de fuerzas del tribunal. Una cosa es el primer papel y otra el fallo. Pero el solo hecho de que el primer amparo nazca con una desestimación encima ya marca el tono del debate público.

También pesa el tiempo. Turull alegaba que mantener la inhabilitación le impide concurrir en igualdad. Macías responde que esa limitación no nace del auto que niega la amnistía, sino de una condena firme de hace años. Es un razonamiento frío. Y políticamente explosivo: convierte la amnistía en una gracia excepcional que el poder judicial puede estrechar, no en un derecho efectivo que el legislador quiso generalizar para un conflicto político.

Fondos europeos y la trampa del reloj

Hay un punto técnico que no conviene esconder. El Supremo habló de afectación de fondos europeos para apuntalar la exclusión. El Tribunal de Justicia de la UE ha negado después que esa afectación exista en los términos que se daban por buenos. Macías, según el borrador, dice que ese pronunciamiento posterior no puede proyectarse hacia atrás sobre la razonabilidad de lo que el Supremo motivó en su momento.

Suena a sutileza de letrado. En la práctica es otra forma de decir: aunque Europa mueva el marco, el castillo de naipes de la no-amnistía no se cae solo. Quien busque una corrección rápida del criterio del Supremo sobre malversación no la encontrará, al menos, en esta ponencia.

Lo que está en juego

Si el Constitucional confirma la exclusión, la izquierda independentista y buena parte de la izquierda estatal leerán un mensaje duro: la ley de amnistía se aprueba en el Congreso y se desactiva, pieza a pieza, en los despachos. Si la mayoría progresista del TC corrige a Macías, la derecha judicial y mediática gritará colonización del tribunal. No hay salida sin coste.

Pero el coste de mirar hacia otro lado también existe. Una amnistía que no amnistía la malversación del referéndum deja el conflicto a medio deshacer: con unos indultos viejos, unas inhabilitaciones vivas y un expresident mirando el calendario de otoño. El Pleno del 22 de septiembre no cierra la historia de Cataluña. Decide si la ley que prometió cerrarla sirve para algo más que para un titular.