Quince años después, Europa le ha dicho a la justicia española lo que muchos intuyeron en 2011: se puede proteger un Parlamento sin convertir la protesta social en un delito de tres años. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado este jueves a España por las penas impuestas a manifestantes del asedio al Parlament de Catalunya del 15 de junio de 2011. El mensaje de fondo no es técnico. Es político y de calle: cuando el Estado usa la cárcel para disuadir de salir a la plaza, deja de defender la democracia y empieza a asustarla.

La sentencia del caso «Molina Marín y otros contra España», avanzada por La Vanguardia, El Periódico y EFE, estima que el Tribunal Supremo y el Constitucional vulneraron los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo —libertad de expresión y de reunión— al avalar condenas de tres años de prisión por un delito contra las instituciones del Estado.

Qué pasó en 2011 (sin romanticismo ni amnesia)

La acción se llamó «Aturem el Parlament»: parar la cámara para frenar recortes de gasto social en plena austeridad del Govern de Artur Mas. Hubo tensión con los Mossos, insultos a diputados y un bloqueo de accesos tan duro que Mas y la entonces presidenta del Parlament, Núria de Gispert, acabaron entrando en helicóptero. No fue una merienda solidaria. Fue una protesta brava en un país al que le estaban desmontando el Estado del bienestar a golpe de tijera.

La Audiencia Nacional absolvió en primera instancia a varios acusados de delitos graves al considerar que pesaba el derecho a manifestarse. La Fiscalía, la Generalitat y el Parlament recurrieron. El Supremo condenó a ocho personas a tres años. El Constitucional lo avaló, con un tribunal muy dividido en 2022, según el relato de El Periódico.

Qué dice Estrasburgo ahora

Los jueces europeos no niegan que pudiera haber margen para sancionar conductas intimidatorias. Reconocen un objetivo legítimo: prevenir desórdenes y proteger la representación política. Pero marcan una línea roja que en España se cruza con demasiada alegría:

  • Las penas de tres años fueron «desproporcionadas» respecto a esos fines.
  • Aunque no se llegaron a cumplir, su severidad tuvo un efecto de disuasión sobre los condenados y sobre el público: asustar de ir a manifestaciones y de meterse en el debate político abierto.
  • A los cuatro demandantes —Rubén Molina Marín, Ángela Bergillos Alguacil, Francisco José Cobos García y Carlos Munter Domec— no se les atribuyeron actos concretos de violencia ni daños materiales.
  • Estrasburgo rechaza que baste la idea de una «atmósfera intimidatoria» o violencia ambiental para justificar penas de esa magnitud. La libertad de reunión no se apaga porque en una protesta haya episodios aislados de violencia de terceros.

En cristiano: se puede castigar lo concreto; no se puede usar la cárcel como cartel de «no os acerquéis al poder».

Sin cheque, pero con varapalo

El TEDH desestima la indemnización de 15.000 euros que pedían los demandantes por razones formales: no concretaron daños y costas como exige el procedimiento. Eso no dulcifica la condena al Estado. Al contrario: deja el fallo en su estado puro, como cuestión de principio. España queda retratada por haber convertido una protesta del 15M contra los recortes en un ejemplo de derecho penal del enemigo blando: no hace falta que entres en la cárcel para que el mensaje calar.

La lectura que molesta a quienes prefieren orden sin derechos

Cada vez que arde una crisis —hoy Ceuta, ayer la austeridad— aparece la tentación de pedir mano dura contra quien sale a la calle. El fallo de Estrasburgo no absuelve el acoso a diputados ni el bloqueo absoluto de una cámara. Dice otra cosa, más incómoda para la derecha punitiva y para cierta izquierda de despacho: una democracia que solo tolera manifestaciones decorativas ya no es del todo democracia.

En 2011 se protestaba porque se recortaba lo público. En 2026, el tribunal europeo recuerda que la respuesta del Estado no puede ser enseñar la cárcel como herramienta pedagógica. Si hay delitos concretos, se investigan y se juzgan con proporción. Si lo que se busca es que la gente no vuelva a rodear un Parlamento cuando le quitan derechos, eso ya no es seguridad: es miedo administrado.

España ha perdido en Estrasburgo. Y ha perdido, sobre todo, la excusa de que «tres años eran lo normal».

Fuentes y contexto