Mientras la conversación política se pelea a gritos por la frontera, un juez de la Audiencia Nacional ha hecho algo menos televisivo y más concreto: firmar un auto de procesamiento. Antonio Piña propone juzgar a dos presuntos miembros de una célula española de The Base, la organización supremacista blanca que la Unión Europea ya tiene en su lista de terrorismo. No es un tuit. Es un papel con delitos encima: participación en organización criminal de carácter terrorista, adoctrinamiento y autoadoctrinamiento.
Los nombres que salen en la cobertura judicial no son anónimos de Telegram. La Vanguardia y El Imparcial citan a David Dionis como presunto dirigente de la célula y a Jesús Estrada Lozano como el otro procesado. EFE y 20minutos resumen la misma foto: primera célula de The Base desmantelada en España, líder detenido en 2025 en Castellón y todavía en prisión provisional. Si alguien buscaba la prueba de que el extremismo violento de extrema derecha no es un invento de tertulia, el auto la pone en la mesa sin adornos.
The Base no es un club de memes. Según el magistrado, predica la supremacía de la raza blanca mediante una red internacional de células paramilitares que se capacitan para lo que ellos llaman la «lucha por la sucesión blanca». En el auto aparece el paquete completo del ideario aceleracionista: captación, propaganda, odio extremista, manejo de armas y entrenamiento táctico. El juez no habla de «opiniones robustas». Habla de peligro grave para la seguridad.
La geografía también importa, porque desmonta la comodidad de pensar que esto solo ocurre «fuera». Los entrenamientos tácticos con diversas clases de armas se sitúan en los alrededores de Onda, en Castellón. El acopio que describe la investigación no es de coleccionista despistado: armas y objetos lesivos, indumentaria, material médico de combate, material paramilitar. Y un detalle que debería cortar cualquier romanticismo de garaje: el porte asiduo de armas blancas en la vía pública. Radicalidad más calle no es folklore. Es riesgo.
La captación digital cierra el círculo. Un agente informático infiltrado señaló que el presunto líder dirigía la célula a través del canal de Telegram TB Spain, ya eliminado. Allí, según la investigación, daba directrices y difundía el ideario para reclutar. Cuando un grupo de la lista europea monta franquicia local con chat, fusil simbólico y mochila de combate, el Estado de derecho no puede responder solo con metáforas sobre la polarización. Tiene que responder con instrucción, prueba y, si procede, banquillo.
Conviene no hinchar el auto. Procesamiento no es condena firme. No hay en las fuentes abiertas de este martes un atentado consumado atribuido a esta célula en España, y no hace falta inventarlo para tomarse el caso en serio. Basta con lo que ya está escrito: organización terrorista reconocida por instituciones europeas, adiestramiento, armas, reclutamiento y un juez que ve peligro grave. La seguridad pública no es un monopolio narrativo de la crisis migratoria. También es impedir que el odio racial se entrene como milicia.
El contraste político del día es casi obsceno. Se puede y se debe debatir fronteras, Ceuta y cooperación con Marruecos. Lo que no se sostiene es convertir toda la agenda de seguridad en un único enemigo exterior mientras la Audiencia Nacional procesa una célula neonazi con manual de sucesión blanca. Quien solo ve amenaza cuando cruza la valla y mira para otro lado cuando el odio se organiza en Onda está eligiendo comodidad ideológica, no rigor.
España ya sabe lo que cuesta llegar tarde a las radicalizaciones. El auto de Piña no cierra el debate público; lo obliga a ensancharse. Menos bravuconería de barra y más lectura de resoluciones. Si hay juicio, habrá contradicción, defensa y prueba. Hasta entonces, el mínimo democrático es simple: llamar terrorismo de supremacía blanca a lo que la UE y un juez de la Audiencia Nacional ya están tratando como tal, y no diluirlo en la niebla de «excesos de cuatro locos».