Hay una forma muy rápida de saber desde dónde mira un partido el mundo laboral: escuchar qué palabra usa cuando habla de la gente enferma. Alberto Núñez Feijóo ha definido el aumento de la incapacidad temporal como un “cáncer” y ha sugerido que un trabajador de baja cobre menos, incluso planteando tocar sueldo y prestaciones. Traducido a lenguaje de pasillo: si estás enfermo, empieza a demostrar que no eres un caradura.
El fraude existe. Claro que existe. También existe el fraude fiscal, la contratación tramposa, el falso autónomo y la empresa que exprime horas extra como si fueran aire. La diferencia es que, cuando el foco se pone siempre sobre el trabajador que se rompe la espalda, cuida una depresión o espera una operación, el debate deja de ser gestión pública y empieza a oler a castigo de clase.
El problema real no se arregla señalando al paciente
RTVE recogió que Feijóo considera el absentismo laboral “un cáncer” y que abrió la puerta a que los trabajadores de baja cobren menos. elDiario.es lo enmarcó como una asunción de demandas de la patronal, con recortes en bajas médicas y ayudas sociales sobre la mesa. El País y la Cadena SER también dieron cuenta de la propuesta y de la respuesta política que desató.
Hasta aquí, los hechos. Ahora viene la política. España tiene un problema con las bajas, pero no se puede fingir que todas nacen en el sofá de un aprovechado. Hay listas de espera, plantillas envejecidas, trabajos físicos que machacan, ansiedad laboral, médicos saturados y empresas que organizan turnos como si los cuerpos fueran piezas de recambio. Si la única receta es pagar menos al enfermo, no estamos combatiendo el fraude: estamos abaratando el dolor.
La derecha tiene derecho a plantear controles. Faltaría más. Pero debería explicar con la misma contundencia qué hará con las mutuas que presionan, con las empresas que no adaptan puestos, con los servicios públicos que tardan meses en diagnosticar y con los convenios que dejan a la gente al borde del precipicio en cuanto cae la nómina. Porque una baja médica no es una escapada: es una decisión sanitaria. La firma un médico, no un militante de izquierdas con ganas de fastidiar al empresario.
La trampa de convertir derechos en sospecha
La palabra “absentismo” es cómoda porque borra la historia concreta. No habla de la camarera con lumbalgia, del repartidor con ansiedad, del operario que arrastra una lesión o de la administrativa que cuida una enfermedad crónica. Los mete a todos en una misma caja, la agita, y de ahí sale un culpable perfecto: el trabajador que cuesta demasiado.
Ese marco tiene premio político. Suena a orden, a mano dura, a “se acabó el abuso”. Pero también tiene una consecuencia muy concreta: mete miedo a quien ya está vulnerable. Si enfermar significa perder más renta, mucha gente aguantará hasta reventar. Irá a trabajar peor, tardará más en curarse y puede acabar contagiando, lesionándose más o cronificando problemas. Eso tampoco es gratis. Lo paga la empresa, lo paga la sanidad y lo paga la vida familiar.
Hay que perseguir las bajas falsas, sí. Con inspección, datos, coordinación sanitaria y respeto a las garantías. Pero si el debate se plantea como una guerra entre “los que trabajan” y “los que se cogen la baja”, se está comprando una mentira peligrosa: que enfermar es una especie de lujo subvencionado.
Un país decente no presume de productividad apretando al que está en una camilla. Si la derecha quiere hablar de eficiencia, que hable también de prevención laboral, salud mental, atención primaria y salarios que no obliguen a elegir entre curarse o pagar el alquiler. Todo lo demás es viejo: llamar responsabilidad a lo que, en la práctica, es hacer que el enfermo pague la factura.
Y hay otra pregunta que casi nunca aparece en el titular: ¿quién se beneficia de que el miedo sustituya al médico? Si la baja se convierte en una amenaza económica, la negociación se desplaza del diagnóstico a la necesidad. El trabajador más precario será el primero en volver antes de tiempo, no porque esté mejor, sino porque no puede permitirse estar peor.