Cuando una frontera se rompe, al principio el debate es de cifras. Después, de colas y campamentos. Al final —si hay honestidad— llega el dato que nadie quería firmar: la Fiscalía de Ceuta ya arrastra 23 procedimientos por agresiones sexuales desde la entrada masiva. Nueve víctimas son menores. Solo ocho presuntos autores están identificados. Traducción sin anestesia: el descontrol no es abstracto. Tiene víctimas con nombre de expediente.
Se puede y se debe rechazar el linchamiento colectivo. También se debe rechazar el trance moral que convierte cualquier alarma en “estigma”. Una sociedad que no protege a una menor de 14 a 17 años porque teme el titular xenófobo ha perdido el norte. La seguridad de las mujeres no es patrimonio de la ultraderecha. Es el mínimo del contrato social.
Primero el orden, luego el sermón
Ceuta lleva semanas improvisando espacios, traslados internos y contención policial. Este lunes, en Loma Colmenar, hizo falta cargar y disparar al aire para frenar una avalancha hacia el recinto de acogida. Eso no es “gestión humanitaria madura”. Es un Estado corriendo detrás del problema. Y mientras corre, la Fiscalía actualiza al alza las agresiones sexuales.
El Gobierno prefiere el tablero grande: Israel, Rusia, redes, Marruecos que “coopera”, Rey que vendrá “cuando toque”. Puede que parte de ese tablero sea real. No borra lo local. Si entran decenas de miles de personas en 48 horas y el sistema de identificación, alojamiento y persecución penal no aguanta, el resultado es previsible: más tensión, más delitos, más sensación de impunidad. Pedir paciencia a Ceuta es fácil desde Madrid.
La derecha no debería regalar el marco
Hay una tentación torpe: convertir cada denuncia en combustible de expulsión masiva sin matices. No. Hace falta debido proceso, pruebas y justicia. Pero la alternativa del Ejecutivo —diluir el problema en geopolítica y pelearse con Meloni por Schengen mientras Ceuta acumula causas de violencia sexual— es peor. Italia prorroga controles porque ve riesgo. España responde con simetría. Europa discute peajes. Y en la ciudad autónoma, el dato duro sigue siendo el de las víctimas.
Lo que toca es de manual de Estado, no de mitin: control efectivo de frontera, retornos con garantías cuando procedan, identificación inmediata, protección reforzada de mujeres y menores, y capacidad judicial de verdad. Si eso suena a “mano dura”, el problema no es el oído: es que durante demasiado tiempo se confió en que la frontera sur aguantaría sola el relato.
Las agresiones no se combaten con hashtags ni con diplomacia de salón. Se combaten con orden público que funciona. Ceuta ya entregó el parte. Falta que Moncloa lo lea sin traductor ideológico.
Quien haya seguido Ceuta estos días sabe que el problema no se reduce a un mal día de policía. Hay saturación de servicios, presión sobre el tejido local, choques en los accesos a los embolsamientos y una agenda judicial que crece más rápido que los refuerzos. Cuando el CGPJ y el TSJA mandan magistrados de urgencia, incluido el ámbito de violencia sobre la mujer, el mensaje institucional es cristalino: el sistema ordinario no da abasto. Ignorarlo para no “dramatizar” es otra forma de negacionismo.
La oposición tiene aquí una responsabilidad doble. Primera: no transformar cada causa en carnaza que criminalice por origen. Segunda: no dejar que el Gobierno escape por la puerta de la diplomacia. Se puede exigir cooperación con Marruecos, retornos legales y control Schengen sin renunciar al Estado de derecho. De hecho, solo un Estado que controla puede garantizar derechos. El desborde produce lo contrario: zonas grises donde la ley llega tarde y la víctima paga el retraso.
Si Moncloa quiere credibilidad, que deje de medir el éxito en ruedas de prensa y lo mida en identificaciones, en tiempos de instrucción y en seguridad cotidiana en Ceuta. El dato de la Fiscalía no pide un eslogan. Pide frontera que funcione y justicia que alcance. Todo lo demás —incluido el pulso con Italia— es ruido de salón mientras el parte de agresiones sigue abierto.