Un Gobierno puede sobrevivir muchas semanas perdiendo votaciones. Lo que no puede hacer eternamente es llamar “bloqueo” a cualquier límite que le pone el Parlamento. España no eligió un director general del país con licencia para gobernar a golpe de anuncio. Eligió un Congreso fragmentado. Y cuando ese Congreso dice no, aunque el Ejecutivo se enfade, no está saboteando la democracia: la está ejerciendo.
Por eso la ofensiva del PP para registrar una Proposición no de Ley que vuelva a pedir elecciones o una moción de confianza tiene un valor que va más allá del trámite. No va a obligar por sí sola a Pedro Sánchez a disolver las Cortes. Eso lo sabe cualquiera. Pero sí fuerza una pregunta elemental: si el Gobierno presume de legitimidad, ¿por qué le cuesta tanto someter su fortaleza real a una prueba política clara?
La respuesta habitual de Moncloa será que la legislatura sigue, que hay medidas en marcha y que la oposición solo quiere ruido. Parte de eso puede ser verdad. La oposición hace oposición, y no siempre con bisturí. Pero también es verdad que el Ejecutivo llega a final de julio con Presupuestos en el aire, socios imprevisibles y decretos que se aplazan porque no hay votos suficientes. Lo vimos con vivienda. Lo vemos con cada negociación que se anuncia como cerrada hasta que deja de estarlo.
En una democracia adulta, la estabilidad no se declara: se demuestra. Se demuestra aprobando leyes, negociando con transparencia y aceptando que las instituciones no son patrimonio del Gobierno de turno. Cuando Cuca Gamarra pide reforzar la protección a denunciantes, revisar indultos por corrupción, exigir salidas inmediatas de cargos investigados y reformar el CIS, el debate no debería liquidarse con un “y tú más”. Habrá que discutir cada propuesta, sus garantías y sus riesgos. Pero el asunto de fondo es legítimo: el poder necesita límites, no aplausos.
También conviene no tragarse entero el marco del PP. Una acusación política no es una sentencia. Hablar de corrupción exige precisión, y un medio serio no debe convertir consignas en hechos probados. Pero justo por eso hacen falta reglas más exigentes. Si el Gobierno cree que la regeneración institucional es necesaria, debería ser el primero en aceptar controles incómodos, no solo controles diseñados para salir bien en rueda de prensa.
La izquierda suele presentar cualquier demanda de elecciones como una rabieta de perdedores. Es una mala defensa. Pedir elecciones no es antidemocrático. Puede ser oportunista, claro. Puede ser táctico. Pero también es una salida razonable cuando una mayoría parlamentaria deja de sostener un proyecto coherente. La moción de confianza existe precisamente para eso: para despejar si el presidente conserva apoyo suficiente o solo aguanta porque nadie quiere asumir el coste de tirar la mesa.
Mientras tanto, el país asiste a una política de parches. Se anuncian refugios climáticos, se aplazan decretos de vivienda, se promete integridad, se disputa el CIS, se invoca Europa y se culpa al adversario. Todo a la vez. La sensación de fondo es que España vive gobernada por un equilibrio inestable donde cada decisión se negocia al minuto y cada cesión se disfraza de estrategia.
Desde una mirada liberal-conservadora, el problema principal no es que el Estado haga cosas. Es que las haga sin mayoría sólida, sin controles suficientes y con una enorme tentación de confundir interés público con supervivencia del Ejecutivo. Regenerar no consiste en bautizar una ley con una palabra bonita. Consiste en asumir que el poder se fiscaliza, que las instituciones no son trincheras y que cuando la confianza se erosiona hay que renovarla o comprobarla.
Si Sánchez conserva mayoría, que la enseñe. Si no la conserva, que deje de vender resistencia como estabilidad. Y si la oposición quiere gobernar, que acompañe la exigencia de elecciones con un programa concreto para vivienda, servicios públicos, incendios, financiación autonómica y limpieza institucional. Porque cambiar de Gobierno puede ser necesario. Pero cambiar solo el decorado no arregla un Estado cansado de propaganda.
La moción de confianza no debería verse como una humillación, sino como higiene democrática. Si sale adelante, el presidente gana aire y la oposición pierde un argumento. Si no sale, el país deja de vivir en una ficción parlamentaria. Lo extraño no es pedir esa prueba. Lo extraño es que en España se trate casi como una ofensa personal al inquilino de La Moncloa.