El Gobierno ha vuelto a aprobar el techo de gasto y la senda de déficit como si el Congreso fuera una ventanilla de sellar papeles y no el sitio donde se comprueba si uno tiene mayoría. La escena se repite tanto que ya casi parece una costumbre nacional: Moncloa anuncia cifras grandes, habla de responsabilidad, promete futuro; luego llega la aritmética parlamentaria y recuerda que gobernar no consiste en escribir deseos en una nota de prensa.
Europa Press resume el punto central: el Ejecutivo insiste con el techo de gasto y la senda de déficit para los Presupuestos tras el rechazo del Congreso. Es decir, vuelve a poner sobre la mesa una pieza que necesita apoyos que no tiene garantizados. Puede llamarse perseverancia. También puede llamarse negar la realidad. Y la realidad es bastante sencilla: España tiene un Gobierno que quiere gastar como si disfrutara de mayoría sólida, pero negocia como si cada socio pudiera cobrar peaje por respirar.
Desde una mirada liberal-conservadora, el problema no es que existan servicios públicos ni que el Estado tenga que financiar obligaciones básicas. El problema es la alergia del sanchismo a explicar límites. Cada euro público sale de algún sitio: impuestos presentes, deuda futura o recortes que se esconden debajo de la alfombra. No hay magia. Cuando el Gobierno habla de “techo de gasto” con tono de conquista social, conviene preguntar siempre lo mismo: techo para quién, a costa de quién y con qué control.
La Moncloa incluye en su referencia del Consejo de Ministros una lista larga de acuerdos: ayudas, subvenciones, contratos, nombramientos, fondos de contingencia. Algunos serán necesarios. Otros merecerán debate. Pero la cultura política del Ejecutivo consiste en presentar el volumen como virtud. Mucho dinero suena a mucho compromiso. Y no necesariamente. A veces mucho dinero es solo mucho poder repartido con poca rendición de cuentas.
La oposición tiene razón al exigir seriedad presupuestaria, pero haría mal si se queda en el “no” como gesto automático. Decir no al Gobierno es fácil. Construir una alternativa creíble exige algo más: una regla fiscal clara, prioridades comprensibles, reducción de grasa administrativa y una defensa adulta de los contribuyentes. El votante no necesita otro sermón sobre Sánchez; necesita saber qué pasaría con su nómina, su empresa, su hipoteca y los servicios que sí usa.
También hay que decirlo sin rodeos: un país no puede vivir pendiente de pactos opacos cada vez que quiere aprobar sus cuentas. Si Junts, Vox o cualquier otro grupo condiciona la senda, está usando el poder que las urnas le dieron. Pero un Gobierno responsable debería haber entendido hace tiempo que no se puede levantar un proyecto nacional sobre acuerdos que cambian de precio cada semana. La estabilidad no se mendiga; se construye.
El Ejecutivo presume de agenda. El Congreso exhibe bloqueo. Y el ciudadano paga el espectáculo por duplicado: primero con impuestos, después con incertidumbre. Porque sin Presupuestos claros no solo pierde Moncloa. Pierden comunidades autónomas, empresas que esperan licitaciones, administraciones que planifican inversiones y familias que oyen promesas que nunca terminan de aterrizar.
La derecha debería aprovechar este momento para plantear una idea sencilla y potente: España necesita cuentas, sí, pero no cualquier cuenta. Necesita presupuestos que no traten al contribuyente como cajero automático, que midan resultados y que dejen de confundir gasto con justicia. La justicia social no mejora cuando el dinero se quema en programas mal evaluados. La economía no se fortalece cuando el Gobierno transmite que todo se resolverá con otra ronda de deuda y otra pelea parlamentaria.
La cuenta atrás política de la que habla el PP solo tendrá sentido si va acompañada de una cuenta de verdad: ingresos, gastos, prioridades y límites. Menos épica de resistencia. Menos chequera sin mayoría. Más respeto por quienes sostienen el Estado cada mes. Porque gobernar no es aprobar un techo de gasto en Consejo de Ministros; gobernar es convencer al Parlamento y responder ante el país por cada euro que se pide.