Tribuna: autoridad no es gritar, es responder cuando Ceuta pregunta

El curso político arranca con una evidencia que muchos prefieren envolver en papel de regalo: cuando el Estado llega tarde, alguien tiene que responder. Ceuta no es una anécdota fronteriza ni una postal para discursos solemnes. Es una prueba de autoridad. Y una democracia puede ser garantista sin convertirse en una administración que siempre encuentra una excusa para no mandar.

La investigación de la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva en Ceuta es necesaria precisamente porque la política ha llenado de humo lo que debería estar lleno de datos. La Fiscalía ve base para que este tribunal investigue y habla de una posible planificación, movilización y dirección estratégica con elementos desarrollados fuera de España, siempre pendiente de lo que pruebe la instrucción. Esa prudencia procesal importa, pero no debe convertirse en anestesia.

El Gobierno dice que no hay pruebas concluyentes sobre la autoría marroquí. Puede ser. Entonces que investigue, coopere y explique. Lo que no vale es pedir al país confianza ciega mientras cada informe abre una grieta distinta. La Guardia Civil afirma que los avisos previos no anticipaban la dimensión de la entrada masiva. El informe policial del CENIF apuntó en otra dirección sobre la posible participación de gendarmes marroquíes. Ante esa contradicción, el deber del Gobierno no es controlar el relato: es aclarar los hechos.

También hay que decirlo sin complejos: la independencia judicial no es un estorbo para la seguridad nacional. Si una jueza pide reserva a la policía judicial, no está invadiendo Moncloa; está haciendo su trabajo dentro de una causa penal. Marlaska puede defender que Interior necesita información para gestionar una emergencia, pero esa necesidad no le da derecho a convertir una investigación en parte ministerial. Quien fue juez debería saberlo mejor que nadie.

La derecha, sin embargo, no debería confundir firmeza con teatro. Exigir responsabilidades no significa convertir cada dato incompleto en sentencia. Hablar de fronteras no exige deshumanizar a quienes cruzan. Y defender a Ceuta no consiste en gritar más fuerte, sino en sostener más medios, más coordinación y una política exterior menos ingenua. La autoridad se demuestra antes de la crisis, no solo después en rueda de prensa.

El Gobierno ha presumido esta semana ante los jóvenes de entender sus problemas aunque no domine su jerga. Bien. Pero entender España hoy no consiste en aprender memes: consiste en reconocer que el país se está cansando de gestos sin consecuencias. El joven que no puede alquilar, el agente que se juega el tipo en una frontera saturada y el juez que recibe presión política comparten algo: todos necesitan instituciones que funcionen, no instituciones que se expliquen eternamente.

La democracia española ha normalizado una mala costumbre: nadie dimite, nadie sabía nada, nadie tenía competencias exactas, nadie recibió el aviso correcto y todo se resolverá en una comisión, una querella o un titular. Esa cultura de la niebla favorece al poder de turno. Hoy beneficia al Gobierno; mañana puede beneficiar a otro. Por eso la exigencia no debe depender del color del ministro.

Un Estado fuerte no es un Estado arbitrario. Es un Estado que protege su frontera, respeta al juez, dice la verdad aunque duela y no trata al ciudadano como menor de edad. Ceuta merece eso. España también. Lo demás es propaganda con membrete oficial.

La derecha que aspire a gobernar debería insistir en esa idea sin caer en el atajo fácil. La ley no es debilidad, es la herramienta que permite actuar con legitimidad. Precisamente por eso hay que exigir más al Ejecutivo: porque si no sabe ordenar la frontera, coordinar informes y asumir costes políticos, acabará dejando el terreno libre a la rabia. Y la rabia puede ganar titulares, pero no sostiene un Estado.

Lo contrario de la firmeza no es la compasión, sino el disimulo. Y España ha abusado demasiado del disimulo: informes que aparecen tarde, explicaciones que se pisan y responsabilidades que se diluyen entre ministerios, juzgados y comunicados. Si Ceuta vuelve a preguntar quién estaba al mando, la respuesta no puede ser otra carpeta pendiente.