Tribuna: Ceuta, juventud y justicia no caben en la trituradora de bloques

España empieza el curso político con una escena demasiado conocida: todos prometen Estado, pero cada institución se mira antes el propio ombligo. Ceuta debería haber obligado a la política a bajar el tono y subir la precisión. Ha pasado casi lo contrario. La frontera se ha convertido en escenario, la investigación judicial en arma arrojadiza y la juventud en público invitado al que se le guiña el ojo mientras sigue sin poder pagar una casa.

Desde una mirada progresista, la primera obligación es no dejar que la palabra seguridad borre a las personas. Hubo una entrada masiva, hubo muertos, hay responsabilidades por aclarar y hay una ciudad tensionada. Nada de eso autoriza a convertir a cada migrante en enemigo ni a tratar a menores y familias como piezas de un tablero electoral. Un Estado serio controla fronteras, sí. Pero también rescata, identifica, protege derechos y explica la verdad sin esconderse detrás de un parte redactado para salvar la tarde.

El choque entre Marlaska y la jueza Tardón enseña justo esa fragilidad. Si el Gobierno necesita información para gestionar una emergencia, debe pedirla por cauces claros y respetar que una causa judicial no es un gabinete de crisis. Si la justicia investiga hechos que afectan a la seguridad nacional, debe hacerlo sin convertirse en espectáculo. El equilibrio no es cómodo, pero es lo único que separa una democracia adulta de una bronca permanente entre poderes.

La derecha tiene razón cuando exige explicaciones sobre Ceuta. Sería absurdo negar que hay preguntas pendientes: qué avisos llegaron, quién sabía qué, qué papel jugaron los actores al otro lado de la frontera y por qué la ciudad quedó expuesta. Pero esa exigencia se pudre cuando se usa para agitar miedo contra menores, para hablar de invasión como si cada vida fuera una amenaza o para pedir soluciones penales antes de tener hechos cerrados.

También el Gobierno merece una crítica desde la izquierda. No basta con decir que no hay pruebas concluyentes si existen informes que apuntan a hipótesis serias. No basta con invocar la seguridad nacional cuando la transparencia incomoda. Y no basta con hablar a los jóvenes de “farmear aura” si después la vivienda pública se mide en promesas y no en llaves entregadas. La confianza institucional no se pide: se gana.

El gran peligro de este curso es que todo se lea como plebiscito de bloque. Si la jueza actúa, la mitad del país verá justicia y la otra mitad conspiración. Si Interior responde, unos verán responsabilidad y otros maniobra. Si los jóvenes protestan, unos dirán que son manipulados y otros que son el futuro mientras les ofrecen el mismo presente imposible. Esa máquina de leerlo todo por trincheras deja fuera lo esencial: derechos, pruebas, servicios públicos y vida cotidiana.

La izquierda debería ser especialmente exigente con el Gobierno cuando gobierna la izquierda. No para regalar argumentos a la derecha, sino para no regalarle la bandera de la rendición de cuentas. Defender lo público significa defender hospitales, vivienda, acogida digna y también procedimientos limpios. El Estado social no puede permitirse parecer opaco, porque cuando lo parece abre la puerta a quienes quieren desmontarlo entero.

Ceuta pide Estado. La juventud pide futuro. La justicia pide respeto. No son carpetas separadas: son la misma prueba de madurez democrática. O la política deja de vivir de frases para empezar a entregar certezas, o el curso que empieza será otro capítulo de una legislatura que confunde resistir con gobernar.

La salida progresista no puede ser elegir entre orden y humanidad, porque esa elección falsa solo beneficia a quienes quieren un país más cruel o más cínico. Orden sin derechos es abuso. Derechos sin capacidad real de gestión es impotencia. La política útil empieza cuando acepta las dos cosas a la vez y deja de vender una mitad como si fuera el todo.